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martes, 22 de julio de 2014

Gregorio "Goyo" Pomar: "Baja del Ejercito por estar en contra del Golpe de Estado" (22 de marzo de 1976)

Córdoba, 22 de marzo de 1976

Al Comandante General de Ejército (EMGE – Aytia General)

De acuerdo a lo establecido en la Ley para el Personal Militar, Capítulo V Artículo 20 Inciso 1º solicito a SE el señor Comandante General ordene mi baja de las filas del Ejército.

Baso la presente solicitud en el hecho que considero que:

-La toma del poder por parte de las FF.AA. es adoptar una actitud política ajena a todas las funciones y misiones de las mismas.

-La interrupción del proceso institucional que se inició con el apoyo  de la FF.AA., fuerzas que desde un principio fueron conscientes de que dicho proceso tendría serias dificultades, y a pesar de eso le dieron su respaldo, seguros de que era la única solución, es perjudicial para la Nación, por lo tanto no responde al logro de los más altos objetivos de la Patria.

-La Nación necesita a su ejército cumpliendo con las misiones específicas para las que ha sido creado, respaldando el poder civil sin distinción de partidos, apoyando los dictámenes de la Constitución, que es de donde emana el poder de todas las instituciones democráticas, incluidas las FF.AA.

-La fuerza con que hasta este momento contó el Ejército para combatir a la subversión con el éxito que lo hizo, emana justamente del hecho de estar combatiendo en defensa de un sistema democrático, que lo encuadra legalmente en esa lucha y que evita que se lo vea enfrentado en la misma a un pueblo oprimido. No sería así en un gobierno de fuerza, donde se le daría a la izquierda armada argumentos reales y bandera que hace tiempo busca para captar al pueblo en su favor.

-Las naciones donde se practica efectivamente el sistema democrático, donde ese sistema es realmente eficaz y fuerte, son naciones que llevan largos años de práctica en el mismo y desde un comienzo, las crisis, sea cual sea su magnitud, se han superado dentro del marco político y sin la intervención de las fuerzas armadas. Ese ejercicio de la democracia, y la superación de las crisis dentro del sistema, es justamente lo que les da la fuerza que hoy tienen.

Asimismo, de acuerdo a lo que fija la Reglamentación para el Ejército del Decreto Ley Nº 19.101/71 en su Artículo 70 informo que ya he iniciado los trámites correspondientes al cumplimiento del Inciso 1, y que me encuentro bajo sumario en el Artículo 316.


Gregorio Pomar
Teniente Primero.





















Fuente: "La Ruta de la Tirania" por Oscar Muiño para el Diario Perfil de su edición del día 9 de octubre de 2011.
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lunes, 21 de julio de 2014

Ricardo Rojas: "Epílogo sobre la Restauración Nacionalista" (1 de enero de 1922)

La primera edición de este libro apareció en 1909, y en el prólogo de la misma expliqué el origen de la obra. Doce años han transcurrido desde entonces, y habiendo cambiado tanto las circunstancias ambientes, creo necesario nuevo prólogo para esta segunda edición. Dejé pasar el tiempo sin reimprimir el libro, desoyendo incitaciones de lectores y libreros, porque aguardaba para hacerlo una ocasión propicia, que tal vez ha llegado. El editor D. Juan Roldán se propone reimprimir todas mis obras, y en la serie debía necesariamente entrar La restauración nacionalista, cuyos viejos ejemplares suelen andar de mano en mano gracias al préstamo amistoso, o aparecer de tarde en tarde a un alto precio en las librerías de lance. Entre mis obras, ésta es una de las que han alcanzado éxito más sostenido, ruidoso y extenso; de ahí que sea menester, al reimprimirla, informar al lector sobre su discutida historia. Nació este libro de una misión que me confió el Gobierno argentino para estudiar el régimen de la educación histórica en las escuelas europeas. Cumplí el encargo, regresé ami país, presenté el informe y, bajo el título de La restauración nacionalista, dicho informe, impreso oficialmente, fue repartido gratis a los maestros y publicistas de la República. La doctrina de esta obra venía a herir tantos prejuicios e intereses en nuestra sociedad, que de todas partes surgieron voces apasionadas para fustigar al autor. Entre esas voces, no fue la menos mortificante la que en Tribuna (periódico de tradición) se deslizó bajo la forma de una displicente bibliografía, poniendo en duda mi sinceridad, y diciendo que acaso yo defendía a la patria porque el Gobierno me había pagado para que la defendiera. Soporté en silencio la injuria porque me propuse desde el primer instante no polemizar sobre este libro, dejando que él solo se abriese camino entre la discusión pública, pues estaba seguro sobre el destino que lo aguardaba. Años más tarde vino a mi casa, para pedirme un servicio, cierto periodista extranjero aquí avecindado (que yo sabía era el autor de aquella bibliografía anónima) y, cuando lo hube servido, le hablé del ingrato asunto; él se excusó, respondiendo que no había tenido la intención de ofenderme, y que su suelto era una de esas cosas a vuela pluma, sin meditación ni información, que a veces publican los periódicos. A pesar de ello, quiero contar en este prólogo lo que a mi glosador le dije entonces. Sobre la apasionada sinceridad de mi doctrina nacionalista, no necesito defenderme; el resto de mi obra revela en qué fuentes morales se ha nutrido mi predicación. Pero en cuanto a La restauración nacionalista, que nació de un viaje a Europa y fue en su origen un informe oficial, deseo contar toda su historia. Yo era funcionario del Ministerio de Instrucción Pública cuando realicé mi viaje a Europa; el Gobierno me dio licencia para el viaje, pero sin goce de sueldo; no cobré un solo centavo de honorarios por mi trabajo; y ni siquiera fue puesto en venta mi libro. Cobrar honorarios del Estado, aun por trabajos oficiales que no se hacían, era la tradición de nuestro país, sin embargo; y para mayor contraste nos hallábamos en vísperas del Centenario cuando los millones corrían de mano en mano, a nombre del más desinteresado patriotismo. Diré todavía más: la iniciativa de mi comisión no fue del Gobierno, sino mía, y la pedí porque siendo yo entonces un autor novel, buscaba una ocasión de resonancia para decir mis verdades. No se comprende de otro modo aquellas palabras que estampé en el prólogo de la primera edición: «Este informe no podía ser documento que holgando esfuerzos en burocrática inepcia comenzara por el “vuestra excelencia” ineludible y terminase con el “Dios guarde” sacramental. Autor, no habría podido circunceñirme en ello, ni por la índole del asunto, ni por mi idiosincracia, que gusta de una pasión personal en las obras de la inteligencia…». Confesaré, finalmente, que mi informe manuscrito no fue leído por nadie en la Casa de Gobierno; el ministro de entonces lo guardó en un cajón de su escritorio; y acaso allí hubiera quedado, a no ser mi súplica de que me lo devolviera, y me permitiese imprimirlo en los talleres de la Penitenciaría Nacional, para que los maestros pudiesen conocerlo. Así se hizo, y durante varias semanas trabajé a la par de los presos, que me tomaron gran simpatía, consiguiendo de sus manos un volumen estampado con amor y con elegancia. Dado ese carácter precario de La restauración nacionalista por su origen ocasional, había en su forma primitiva dos materias visiblemente yuxtapuestas: una de simple información objetiva, puramente didáctica, sobre los métodos de la enseñanza histórica en las escuelas de Europa (capítulos II, III, IV y V), y otra de crítica personal, acentuadamente política, sobre nuestra educación frente a la crisis de conciencia argentina (capítulos I, VI, y VII). De ahí que aquellas dos partes, accidentalmente unidas en el informe, según aparecieron en la primera edición, hayan debido ser separadas al hacer esta edición definitiva, que bajo el nombre de La restauración nacionalista contiene lo que directamente le atañe: el problema de las humanidades modernas (historia, geografía, moral e idioma), correlacionadas en sistema docente para una definición de adoctrinamiento cívico, tal como, según mi opinión (que desde entonces no ha variado), lo requieren las condiciones de nuestro país. Así es el volumen que hoy aparece, formado con los capítulos I, VI y VII de la primera edición, y separado de los que versan sobre metodología en las escuelas de Europa, con los cuales formaré otro volumen bajo este título pertinente y concreto: La enseñanza de la historia, de especial interés para los pedagogos. Gracias a esta separación podrá verse mejor cómo La restauración nacionalista no aspiraba a fundar su empresa cívica en la exclusiva enseñanza de la historia, sino en un sistema complejo de historia, geografía, moral e idioma, o sea en lo que llamé «las humanidades modernas». El cabal discernimiento de dichas ideas es de importancia para la crítica de esta obra, porque de su confusión provienen muchas absurdas objeciones que han sido formuladas contra mi sistema didáctico. Se ha dicho, en primer término, que yo pretendía hacer de la historia escolar una fábrica de pueriles leyendas patrióticas; sin embargo, todo el primer capítulo de este volumen es una réplica a esa concepción de la historia, falsa como ciencia, peligrosa como política. Se ha dicho, en segundo término, que yo pretendía dar a la historia un sitio privilegiado en los planes de estudio; sin embargo, todo el libro es la demostración de la dependencia en que la historia se halla respecto a la geografía, la moral y el idioma, hasta formar una sola disciplina dentro del humanismo. Se ha dicho, en tercer término, que yo pretendía posponer la educación física y los estudios científicos; sin embargo en el parágrafo 5 del capítulo I se emplaza a las humanidades, susceptibles de entonación nacional, entre las otras dos disciplinas, universales por definición, de las cuales no trato, precisamente porque no les discuto su importancia ni su carácter. Se ha dicho, en cuarto término, que yo pretendía crear en la escuela, por medios artificiales e intelectuales un sentimiento que nace de la naturaleza; sin embargo, en el parágrafo 3 del capítulo I establezco la diferencia que hay entre el patriotismo instintivo, que es sentimiento natural, y el nacionalismo doctrinario, que es método social, del propio modo que en el último capítulo insisto sobre la ineficacia de la escuela como hogar de la ciudadanía, si no la rodea en la sociedad una atmósfera colectiva impregnada de idénticos ideales. Con estos esclarecimientos precisos, espero que mis nuevos lectores no repetirán la confusión en que algunos lectores de hace dos lustros incurrieron dándose a la innecesaria tarea de refutarme. Por aquí llegamos a la oportunidad de otra confidencia que concierne al tema y al nombre de La restauración nacionalista. Si hubiera atendido solamente a su doctrina didáctica, este libro pudo haberse llamado Las humanidades modernas; pero tales disciplinas (diversas del humanismo clásico y de las ciencias físico-naturales) habían sido estudiadas en mi obra en cuanto son resorte pedagógico de un ideal filosófico más vasto; la nacionalidad como órgano de civilización por donde el libro se desdobló ante mi espíritu, descubriendo su faz política y su intención polémica. Atento a ello, hube de llamarle La restauración idealista, o bien El renacimiento nacionalista; pero desistí de ambos nombres y de los dos hice un tercero, el que adopté, prefiriéndolo con juvenil simpatía precisamente por su tono alarmante, inactual y agresivo. Yo tenía veinticinco años cuando viajé por Europa, y apenas dos años más cuando estas cosas pasaban. Además, mi propósito inmediato era despertar a la sociedad argentina de su inconciencia, turbar la fiesta de su mercantilismo cosmopolita, obligar a las gentes a que revisaran el ideario ya envejecido de Sarmiento y de Alberdi; y a fuer de avisado publicista, sabía que nadie habría de prestarme atención si no empezaba por lanzar en plena Plaza de Mayo un grito de escándalo. Ese grito de escándalo, eficaz en su momentánea estridencia, fue el nombre de La restauración nacionalista, que no corresponde estrictamente al contenido de la obra y que habría de atraerme, como me atrajo (¡oh, bien lo sabía de antemano!), todo género de arbitrarios ataques. Lo menos que algunos pensaron fue que yo preconizaba la restauración de las costumbres gauchescas, la expulsión de todos los inmigrantes, el adoctrinamiento de la niñez en una patriotería litúrgica y en una absurda xenofobia. Después se ha visto que tal cosa está en oposición a mi pensamiento; pero ha sido necesario para ello que el tiempo pasara, que la serenidad volviese, que se leyera bien lo que al respecto digo en el capítulo final, y que ilustres exégetas europeos enseñaran a mis compatriotas la verdad, mostrando de paso la injusticia que con este libro se cometía. En efecto, cuando La restauración nacionalista apareció en 1909, un largo silencio sucedió a su aparición de un extremo a otro del país. Los principales diarios de Buenos Aires ni siquiera publicaron el habitual acuse de recibo. Las más altas personalidades de la política y las letras guardaron también un prudente mutismo. El Gobierno de la Nación, a quien había presentado gratuitamente la obra, no consideró del caso agradecérmela, aunque fuera con una nota trivial. Predominaba en toda la República esa actitud de escepticismo y egoísmo que el último capítulo del libro señala en un cuadro recargado de sombras pero no exento de verdad. Salvo unos pocos amigos míos muy queridos, nadie se solidarizaba públicamente con la nueva doctrina. En cambio me llegaban por buenos medios los rumores de la murmuración injuriosa, y al fin la prensa de partido empezó a hablar, pero en descrédito del autor y del libro. Una mano diligente fue recogiendo lo que entonces se escribiera. He revisado en estos días ese cuaderno de recortes, y me ha producido una impresión de comicidad al ver cómo, partiendo de diversas posiciones, coincidieron en sus ataques La Vanguardia, marxista; La Protesta, ácrata, y El Pueblo, católico. Era la tácita colisión de los intereses heridos. Luego osaron protestar algunos periódicos burgueses de colectividades extranjeras confusamente alarmados. Sobre todo ello, que no era crítica, sino reacción pasional, predominaban los más crasos errores en la interpretación de mis ideas. Yo guardaba silencio, como lo he guardado hasta hoy, dejando que la opinión pública se despertara. Aquellas injusticias yo me las había buscado con el agresivo título de mi obra; así ha de endurecerse la lanza en la moharra para herir más adentro; así ha de aguzarse el barco en la proa para hender más fácilmente las densas aguas del mar. En ello estábamos cuando empezaron a sonar las primeras palabras de justicia, y éstas llegaban de los más altos pensadores europeos. A los comienzos del año 1910, La Nación publicó varios artículos de Unamuno que comentaban mi libro: «¿Cómo no he de aplaudir estas predicaciones idealistas de Rojas –decía el solitario de Salamanca–, yo que apenas hago otra cosa que predicar idealismo? ¿Y cómo no hericardo-rojas-la-restauracion-nacionalista-pena-lillo-ed_MLA-F-139422926_1169  de aplaudir su nacionalismo, yo que, como él, he hecho cien veces notar todo lo que de egoísta hay en el humanitarismo? He de repetir una vez más lo que ya he escrito varias veces, y es que cuanto más de su tiempo y de su país es uno, más es de los tiempos y de los países todos, y que el llamado cosmopolitismo es lo que más se opone a la verdadera universalidad». En diversos pasajes, Unamuno parteaba y esclarecía mis ideas fundamentales sobre historia, sobre humanismo, sobre cosmopolitismo, sobre patriotismo, sobre cultura, aplaudiendo siempre la tesis del libro, que tendía simplemente, según él «a fundar la durable y verdadera independencia espiritual», declarando que el autor de La restauración nacionalista continuaba la obra de Sarmiento, Alberdi, Mitre y otros grandes conductores de su pueblo, aunque esa obra revisa el ideario de dichos antepasados. «Bien, amigo Rojas –exclamaba por ahí el vasco intrépido–, bien, muy bien. Y si la ironía canalla se ceba en usted como alguna vez se ha cebado en mí, y en una u otra forma lo llaman macaneador lírico o cristo, mejor para usted. No haga caso de la envilecida malicia metropolitana. Aspiremos a que se nos ponga bajo el divino nombre de Quijote. ¡Bien, muy bien, amigo Rojas, y firme y duro en la pelea, que siempre se gana!» Todo esto dicho con frases tomadas a mi propio libro y publicado en La Nación, pero hablando como si hablara sólo conmigo y no con sus lectores, alborotó el avispero e hizo un inmenso bien a la difusión y a la comprensión del libro. Tras de los repetidos y detonantes artículos de Unamuno en La Nación, apareció en La Prensa un extenso estudio de Ramiro de Maeztu, datado en Londres, ciudad universal. «El asunto de La restauración nacionalista –afirmaba Maeztu– es y será por muchos años el eje de la mentalidad argentina. Y diría que de la mentalidad universal desde que los griegos realizaron el maravilloso descubrimiento de la idea de que en un Estado, fundado en la libertad de sus miembros, el problema fundamental de la cultura es el de la sociedad, el de la coexistencia armónica de los ciudadanos, el del ideario común que hace fecunda esa convivencia.» Luego el esclarecido autor de La crisis del humanismo, entre glosas de certera exégesis y franca adhesión al sistema docente y a los propósitos civiles de mi obra, decía del escritor argentino entonces mal comprendido en su país: «¿Necesitaré expresarle mi aplauso al verlo alistarse en una bandera que es forzosamente la de cuantos hombres de cultura ha habido en el mundo?, ¿necesitaré recomendar el examen atento de su informe si digo que ya no es posible la existencia de un pueblo inconsciente, sobre todo si se trata de un pueblo regido por instituciones democráticas?» Después del juicio de Maeztu, que ratificaba el de Unamuno, la batalla parecía ganada por mi libro, al menos en el terreno de la discusión filosófica, cuando por ese mismo año 1910 llegó desde Montevideo otra voz latina bien conocida de nuestra juventud: la voz de Rodó, que me decía: «…He leído ya La restauración nacionalista, y ahora la tengo a estudio, no sólo porque el tema me interesa, sino porque su libro es de aquellos que, después de leídos, merecen ser estudiados, es decir, leídos de nuevo y con reflexión… Ya sabe usted cuánto concordamos en cuestiones fundamentales y con qué simpatía debo acompañarlo en su tesis –el carácter nacional de la enseñanza– opinando, como opino de antiguo, que hay necesidad vital de levantar sobre la desorientación cosmopolita y el mercantilismo una bandera de tradición y de ideal. […] Deseo que en su país se mida y atienda toda la importancia de su patriótico esfuerzo». Luego, pues, según, la opinión de los más altos maestros de cultura en los pueblos hispanoamericanos, La restauración nacionalista no preconizaba una regresión a la barbarie. Unamuno, Maeztu y Rodó escribían en español; su palabra podía parecer sospechosa. Necesitaba ver yo tranquilizados a los socialistas y a los extranjeros aquí residentes, que continuaban sin entender mi libro y entonces fue cuando Enrico Ferri, socialista italiano, y Jean Jaurés, socialista francés (dos maestros a quienes yo no conocía personalmente), vinieron a dar conferencias en el Odeón, ofreciéndonos, a mí y al país, la sorpresa de comentar este maltratado libro, manifestando explícita adhesión a mi doctrina didáctica y a mis ideales políticos. Ferri, en septiembre de 1910, dijo en su conferencia: «Ricardo Rojas, che e stato in Europa a studiarvi la condizione delle scuole, ha publicato un uso informe che e chiamato: La restaurazione de la coscienza nazionalista. Ebbene, in quel volume noi abbiamo trovato la presenza di un chiaro e preveggente pensiero e la visioine netta del dovere che alla Argentina s’impone. E noi tutti abbiamo interesse che l’Argentina, non avendo saputo premunirse a tempo, dovesse titornare al periodo della sua febre politica, non solo essa ne risentirebbe il danno,ma esso si repercuterebbe sull’Italia, su tutte le nazione; perche tutti risentono l’influenza di un morbo che si manifesta in un punto dil gran corpo sociale. Ecco perche quando noi veniamo qui, non lo facciamo sottanto per voi che pure amiamo, ma lo facciamo anche per noi…». Y Jaurés, en septiembre de 1911, dijo en su conferencia: «L’internacionalisme n’est pas le cosmopolitisme. Pour être vigoureuse l’action internationale supose des nations conscientes. Le cosmopolitisme est un deraciné qui n’a que des interêts flottantes […] S’il est ansi, comment, avec les elements multiples dont vous disposez en Argentine, ne constituez-vous pas une democratie nationale la plus claire la plus une… “Vos universités se preoccupent du probleme. J’ai entendu quelques-uns de vos maîtres dire que ce serait le rôle du haut enseignement argentin de constituer la nationalité argentine en offrant á tous un ideal commun… Vous savez que des maîtres de votre pays ont été delégues par le Ministere de l’Instruction Publique, pour étudier, en Europe, la façon dont etait l’enseignement de l’histoire… Ansi vous pouvez el devez dire –suivant la definition de Ricardo Rojas– qui l’enseignement national habitue les esprits á s’interesser au passé et à l’avenir de al Nation…”». La conferencia de Ferri se publicó en la Patria degli italiani; la conferencia de Jaurés en Le Courrier Francais; y aquellas dos autorizadas opiniones me rehabilitaron a los ojos de muchos socialistas y de muchos extranjeros que en el primer momento habían recibido con alarmas mi obra. Las polémicas y comentarios provocados por La restauración nacionalista dentro y fuera de la República han sido tantas, que no cabría en este prólogo la enunciación de toda su bibliografía. Con sólo el material llegado a mis manos podría formar un grueso volumen, que no carecería de interés para la historia de las ideas argentinas, y que a la vez sería precioso documento de cómo el ideal enunciado en un libro pudo propagarse o transformarse en una interpretación colectiva. Esta obra, nacida en disidencia con una tradición intelectual y con un ambiente político inmediato fue primeramente negada, incomprendida, discutida; pero finalmente se dividió la exégesis en una versión fiel, y en otra, que bajo el nombre de nacionalismo, se apartaba sin embargo de ella. Este libro es llevado y traído, desde hace dos lustros, en nuestros debates políticos, estéticos y pedagógicos, pues todos estos problemas son discutidos en él. Si algunos lo invocan para fines de utilidad banderiza o de violencia xenófoba, no es mía la culpa, ni puedo yo evitarlo. Hay una diferencia fundamental entre lo que es la doctrina de esta obra como iniciación teórica de nacionalismo y lo que puedan ser las interpretaciones ajenas en los varios matices de la acción militante. Me interesa que se perciba esta diferencia, y guardo sentimientos de gratitud para todos aquellos compatriotas que en diversas formas han contribuido a la difusión y defensa de mis verdaderas ideas. No pongo aquí sus nombres, porque siendo ellos numerosos lamentaría omitir a algunos. Yo había sentido la primera intuición emocional de este libro cuando era un adolescente, al venir de mi provincia mediterránea a Buenos Aires, y Rojas Ricardo experimentar, como hijo de El país de la Selva, el primer contacto con la ciudad cosmopolita, informe y enorme; habíalo concretado después en doctrina al contemplar el espectáculo de civilizaciones seculares en pueblos homogéneos tal como las describí en mis Cartas de Europa; y por fin habíalo desarrollado dialécticamente a propósito de nuestra educación, obedeciendo a una voz interior que me mandaba escribirlo. Este sistema de ideas, que por azar apliqué primero en La restauración nacionalista a nuestros problemas de educación, lo apliqué luego a nuestra formación étnica en Blasón de Plata, a nuestra emancipación democrática en La Argentinidad, a la evolución de nuestra cultura en la Historia de la Literatura Argentina, y preparo dos libros nuevos en que lo aplico a nuestra economía y a nuestra estética, fundamento y coronamiento de la vida civil. Con ello habré aclarado del todo muchas ideas de las que sólo hay esbozos en La restauración nacionalista, incorporando más directamente su espíritu a los problemas actuales de la política y del arte, según lo he venido insinuando desde años atrás en fragmentarios trabajos, como El Arte americano y Definición del nacionalismo, que serán también reunidos en series y presentados al lector en volúmenes análogos al presente. Muchos son los amigos jóvenes que me han solicitado la reedición de este libro y de los otros que anuncio. A esos jóvenes, y a tantos discípulos ignorados, dediqué mi pensamiento en tales obras; a ellos les corresponde, por consiguiente combatir los equívocos populares sobre nacionalismo e indianismo, evitando que sea dogma regresivo o agresivo lo que debiera ser manantial viviente de cultura, en continua superación de justicia social y de belleza. Este libro y los demás que con éste se relacionan, permiten probar que no he formulado mi doctrina para defender a una clase social contra otra, ni para espolear los odios arcaicos de la xenofobia, ni para aislar a mi nación entre otras de América, ni para cristalizar nuestro pasado en los ritos de la patriotería, sino para dar a nuestro pueblo de inmigración (según me entendieron Unamuno, Maeztu, Rodó, Ferri, Jaurés y tantos comentadores eminentes) una conciencia social que haga de la Argentina un pueblo creador de cultura en el concierto de la vida internacional, a la cual pertenecemos. La buena fortuna lograda en doce años por La restauración nacionalista explica por qué hablo de ella con desusada inmodestia; es queme parece no estar hablando de mí, ni de cosa mía. El mensaje que ella anunció es hoy divisa de muchas conciencias. Estado de alma individual, ha tendido a hacerse estado de alma colectiva. La prensa, la Universidad, la literatura, las artes, la política argentina sienten ahora la inquietud de los problemas aquí planteados. Los trabajos de renacimiento idealista que proyecté en las «conclusiones» del libro han venido realizándose desde 1910, bajo los auspicios de diversas instituciones sociales. Seguir el desarrollo de estas ideas en la cultura local, queda fuera de mis propósitos en este prólogo; pero entretanto puedo decir, ante semejante espectáculo de fuerzas espirituales en plena labor, que La restauración nacionalista ya no me pertenece y que ella ha sido como predio comunal, en donde cada uno entró a cortar su leña. Mi actitud personal ante cada hecho importante, ha señalado las diferencias o concordancias que yo notaba entre las ideas del libro y los hechos de la ajena interpretación, como se lo verá en otros volúmenes. Harto ha cambiado el ambiente de nuestra patria y del mundo, desde los días ya lejanos en que escribí este libro henchido de ánimo juvenil. La reforma electoral de 1912 ha transformado nuestra política, y empezamos a practicar la democracia representativa. La guerra mundial de 1914 ha transformado la vida internacional, y empezamos a ver el ocaso de ciertos prestigios europeos. La revolución rusa de 1917, ha transformado la ilusión del internacionalismo revolucionario y empezamos a revisar los dogmas del marxismo. Tan profundos cambios, unidos a otros de nuestro progreso social, hacen que muchas frases de La restauración nacionalista –frases de simple valor polémico– hayan perdido su actualidad. Hoy no las escribiría, pero he creído que tampoco debía tacharlas en esta reedición. Así estos capítulos reaparecen fieles a su texto inicial, de no ser algún retoque para salvar erratas o para hacer más claro mi pensamiento. Larga es la senda abierta al nuevo ideal de los argentinos, y he creído que por buen trecho en el resto de la jornada, aún podría alumbrar a muchos jóvenes a la luz que hace doce años encendí en estas páginas.



























Fuente: Ricardo Rojas. La Restauración Nacionalista. Informe sobre educación. Buenos Aires: La Facultad, 1922
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sábado, 19 de julio de 2014

Ismael Viñas: ¿Por que fui un mal Juez? (2008)

Sinopsis:
Los hechos de la Patagonia Trágica son sucesos que aún hoy a casi cien años de distancias repercuten por su explosividad y como se manejo el conflicto en el contexto del acceso del primer gobierno elegido por el Pueblo a partir de 1916 conmovieron las bases de las estructuras de poder de quienes durante mas de 40 años usufructuaron el poder para sus propios fines de clases. Esto dejó mucho resentimiento ante cualquier motivo de perturbación social las fuerzas del Régimen buscaban a toda costa acorralar al gobierno del Dr. Hipólito Yrigoyen. Sumado el triunfo de la Revolución Rusa en
1917 exalto aun más los ánimos de un cambio de sistema en un mundo totalmente convulsionado por la Primera Guerra Mundial.
No se trata de justificar ninguna represión ya que la muerte de un ser humano es tan deleznable en cualquier parte del mundo. Solo tratamos de esclarecer los hechos a través de documentos fidedignos y comprobar por nosotros mismos los hechos y así poder llegar lo mas cerca de la verdad para que el lector saque sus propias conclusiones con los documentos en la mano.
Tanto David como su hermano Ismael más conocidos por ser fundadores de la Revista
Contorno, fueron hijos del Juez Federal Ismael Pedro Viñas que intervino en los sucesos de la Patagonia Trágica.
Les acercamos este trabajo publicado en “Memorias de mis Padres, Parientes y
Amigos” de Ismael Viñas editadas por Nelson Montes-Bradley en 2008.





















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miércoles, 16 de julio de 2014

Elpidio Gonzalez: "Radicalismo no hay más que uno" (10 de junio de 1947)

Tres Libertades sin las Cuales no Hay Vida Democrática

Enorme expectativa produjo el anuncio de que en la Casa Radical hablaría hoy, martes, después de un largo silencio, una figura patriarcal del radicalismo: don Elpidio González, ex vicepresidente de la Nación, y ex ministro de Hipólito Yrigoyen. En las filas partidarias hubo verdadera conmoción. Don Elpidio González tiene algo que decir al partido y al país sobre la hora, por tantos motivos inciertos y difíciles. Qui ha querido obtener del viejo líder radical algunas declaraciones acerca de las preocupaciones que lo inducían a hablar. Tarea difícil, porque don Elpidio se resiste naturalmente, se ha resistido siempre, a la publicidad y a las declaraciones periodísticas. Entiende que lo que debe decir tiene que ser dicho desde un solo lugar: la tribuna radical.
Pero accede, al fin, confesando que “se sale de sus normas", al adelantarnos algunas afirmaciones generales.
Dar precisiones sobre problemas concretos y actuales es, a su juicio, tarea de las autoridades del radicalismo. Y don Elpidio, voluntariamente, ha rechazado todos los cargos directivos que la U. C. Radical le ha ofrecido últimamente, para ocupar un simple puesto “de filas”.

Democracia y demagogia

Abordamos el problema de la posición actual del radicalismo frente al gobierno y don Elpidio González zanja la cuestión con una definición general que, a su juicio, contiene todas las respuestas posibles:

—Los hombres del actual gobierno desarrollan una política demagógica y el radicalismo es democracia.
“Vivimos — agrego — una hora materialista y demagógica; y los males que el país soporta — subraya — son fruto natural de esa política demagógica. Por otra parte —se apresura a señalar—, el materialismo de la hora no es un fenómeno circunscripto a nuestro país, sino común a casi todos los países del mundo. La lucha esta entablada en todo el mundo entre las fuerzas materialistas y las fuerzas del espíritu. La Unión Cívica Radical es en el país — concluye — la genuina representante y depositaria de las fuerzas espirituales”

Un solo radicalismo

Don Elpidio ha llegado al tema que parece por sobre otros preferir: la esencia de lo radical. Y prosigue, con sencillez, no exenta de cierta espontánea sentenciosidad:

—Unión Cívica Radical no hay mas que una sola. Y hoy esta frente al gobierno. El radicalismo —continuó — no es una fuerza electoralista, sino una fuerza ciudadana creada para servir a la Nación. El radicalismo es una fuerza principista. No persigue los gobiernos como fines. Para la U. C. R. los gobiernos son medios de servir al país y no fines. El radicalismo — concluye luego — es indivisible; y no admite calificativos ni agregados que lo achiquen. Sus principios son aquellos en los que descansa la moral misma; y sus hombres no se saldrán de lo que les fijara Hipólito Yrigoyen. En las definiciones que fijó Yrigoyen en materia de política internacional, social y económica encontraran hoy los radicales soluciones para todos los problemas que plantea la hora actual.

El problema internacional

El cronista acucia al viejo político en procura de definiciones menos generales. Lo lleva a los problemas internacionales de la hora y recuerda que otra figura saliente del radicalismo tuvo hace poco para Qué palabras muy claras. Y don Elpidio hilvana entonces, pausadamente, sus puntos de vista:

"El mundo — dice — aun se agita con los problemas derivados de la guerra. La hora reclama de los pueblos una gran serenidad para afrontar la solución de los mismos y para construir las bases de una civilización que aleje toda posibilidad de futuras guerras y cimente definitivamente en la legalidad, en el derecho, y en la igualdad de las naciones la estabilidad de una paz duradera en el mundo.
"Solo dentro de un estado de derecho lealmente practicado y respetado podrán las naciones adquirir capacidad para afianzar una solidaridad basada en ideales de justicia y no en momentáneos intereses o conveniencias materiales”

La libertad

"Creo — agrego luego —, sin temor a equivocarme, que el principio de la libertad es y será siempre la medula misma de la vida de los pueblos. Nos lo expresa a cada instante la historia. No es solo el resultado de la filosofía cristiana, sino la razón de ser de la vida, que nos impone como norma esencial de la personalidad humana, la libertad; libertad de economía, libertad de asociación y libertad de enseñanza, he ahí los tres principios primordiales que deben regirnos. Mientras ellos no estén afianzados no podrá decirse de ningún país que tenga asegurada las condiciones esenciales para el verdadero desenvolvimiento de su vida institucional, ni que este en condiciones de cumplir con su finalidad de realizar la felicidad de los pueblos.
“Y por encima del progreso material, del adelanto de la técnica, de las acumulaciones económicas, debe pensarse en el impulso del ideal creador, en el esfuerzo del perfeccionamiento individual. Y en la formación — subraya — de una conciencia depurada de sensualismo que permita a las nuevas generaciones alejarse del materialismo, que generalmente corrompe.
"La juventud de hoy debe ser orientada hacia una concepción de la vida que al darle la capacitación para realizar su destino, les infunda un renovado sentido ideal. Cualesquiera que fueren las dificultades que tenga el país para transformarse y organizarse dentro de los principios democráticos que deben regirlos, ellas serán vencidas, si todos los argentinos, y sobre todo las nuevas generaciones, se inspiran únicamente en el ideal de una argentinidad forjada en la autenticidad de los principios de la Constitución Nacional"

La reorganización

El cronista lleva luego al ex ministro de Irigoyen a los problemas que preocupan actualmente al radicalismo: su reorganización, en primer término.

—La reorganización, una reorganización profunda y amplia, ha sido siempre la práctica radical, cada vez que se ha tenido que emprender una nueva campaña y cuando, al terminar la lucha, ha sido necesario iniciar otra etapa. Una reorganización realizada con toda amplitud y sin exclusiones de ninguna especie, que abra las puertas de la U.C.R. a las nuevas generaciones, es además, hoy, el anhelo de toda la masa ciudadana; y en esta hora quizás mas que en ninguna otra resulta inexcusable. Cuanto mas pronto se haga y mayor amplitud y profundidad se le de, tanto mejor.

Respecto de los problemas de orientación del radicalismo don Elpidio González tiene una definición terminante:

"El radicalismo debe mantener una absoluta intransigencia de principio y de doctrina, sin que en su reconstrucción se hagan exclusiones de ninguna clase. Lo que importa es la doctrina".

El cronista aborda, por ultimo, el tema de la actuación futura del entrevistado en la acción militante del partido. Don Elpidio se muestra ajeno y desinteresado de ese aspecto de la acción radical. No ocupa ningún cargo partidario ni lo ocupara, agrega:

"He renunciado a todos los cargos directivos — termina — porque entiendo que puedo ser mas útil a la unidad del radicalismo desde las filas mas modestas. Mi renuncia ultima, como todas las mías, fue decidida después de hondas meditaciones y es definitiva. Ocupare, eso si, donde quiera que el partido me lo pida, una tribuna radical que se me ofrezca".






























Fuente: Revista Qué Sucedio en 7 dias, Año II, 10 de junio de 1947, N°45 
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José Carlos Mariategui: La Reforma Universitaria: "Ideologia y Reivindicaciones"

El movimiento estudiantil que se inicio con la lucha de los estudiantes de Cordoba, por la reforma de la Universidad, señala el nacimiento de la nueva generación latinoamericana. La inteligente compilación de documentos de la reforma universitaria en la America Latina realizada por Gabriel del Mazo, cumpliendo un encargo de la Federación Universitaria de Buenos Aires, ofrece una serie de testimonios fehacientes de la unidad espiritual de este movimiento". El proceso de la agitación universitaria en la Argentina, Uruguay, Chile, Perú, etc., acusa el mismo origen y el mismo impulso. La chispa de la agitación es casi siempre un incidente secundario; pero la fuerza que la propaga y la dirige viene de ese estado de animo, de esa corriente de ideas que se designa -no sin riesgo de equivoco- con el nombre de "nuevo espíritu". Por esto, el anhelo de la reforma se presenta, con idénticos caracteres, en todas las universidades latinoamericanas. Los estudiantes de toda la America Latina, aunque movidos a la lucha por protestas peculiares de su propia vida, parecen hablar el mismo lenguaje.
De igual modo, este movimiento se presenta íntimamente conectado con la recia marejada posbélica. Las esperanzas mesiánicas, los sentimientos revolucionarios, las pasiones místicas propias de la postguerra, repercutían particularmente en la juventud universitaria de Latinoamérica. El concepto difuso y urgente de que el mundo entraba en un ciclo nuevo, despertaba en los jóvenes la ambición de cumplir una función heroica y de realizar una obra histórica. Y, como es natural, en la constatación de todos los vicios y fallas del régimen económico social vigente, la voluntad y el anhelo de renovación encontraban poderosos estímulos. La crisis mundial invitaba a los pueblos latinoamericanos, con insólito apremio, a revisar y resolver sus problemas de organización y crecimiento. Lógicamente, la nueva generación sentía estos problemas con una intensidad y un apasionamiento que las anteriores generaciones no habían conocido. Y mientras la actitud de las pasadas generaciones, como correspondía al ritmo de su época, había sido evolucionista -a veces con un evolucionismo completamente pasivo- la actitud de la nueva generación era espontáneamente revolucionaria.
La ideología del movimiento estudiantil careció, al principio, de homogeneidad y autonomía. Acusaba demasiado la influencia de la corriente wilsoniana. Las ilusiones demo liberales y pacifistas que la predicación de Wilson puso en boga en 1918-19 circulaban entre la juventud latinoamericana como buena moneda revolucionaria. Este fenómeno se explica perfectamente. También en Europa no solo las izquierdas burguesas sino los viejos partidos socialistas reformistas aceptaron como nuevas las ideas demo liberales elocuentes y apostólicamente remozadas por el presidente norteamericano.
Únicamente a través de la colaboración cada día mas estrecha con los sindicatos obreros, de la experiencia del combate contra las fuerzas con- servadoras y de la crítica concreta de los intereses y principios en que se apoya el orden establecido, podían alcanzar las vanguardias universitarias una definida orientación ideológica.
Este es el concepto de los más autorizados portavoces de la nueva generación estudiantil, al juzgar los orígenes y las consecuencias de la lucha por la Reforma. Todos convienen en que este movimiento, que apenas ha formulado su programa, dista mucho de proponerse objetivos exclusiva- mente universitarios y en que, por su estrecha y creciente relación con el avance de las clases trabajadoras y con el abatimiento de viejos privilegios económicos, no puede ser entendido sino como uno de los aspectos de una profunda renovación latinoamericana. Así Palcos, aceptando íntegramente las ultimas consecuencias de la lucha empeñada, sostiene que "mientras subsista el actual régimen social, la Reforma no podrá tocar las raíces recónditas del problema educacional". "Habrá llenado su objeto -agrega- si depura a las universidades de los malos profesores, que toman el cargo como un empleo burocrático; si permite -como sucede en otros países- que tengan acceso al profesorado todos los capaces de serlo, sin excluirlos por sus convicciones sociales, políticas o filosóficas; si neutraliza en parte, por lo menos, el chauvinismo y fomenta en los educandos el habito de las investigaciones y el sentimiento de la propia responsabilidad. En el mejor de los casos, la Reforma rectamente entendida y aplicada, puede contribuir a evitar que la Universidad sea, como es en rigor en todos los países, como lo fue en la misma Rusia -país donde se daba, sin embargo, como en ninguna otra parte, una intelectualidad avanzada que en la hora de la acción saboteo escandalosamente a la revolución- una Bastilla de la reacción, esforzándose por ganar las alturas del siglo".

No coinciden rigurosamente -y esto es lógico- las diversas interpretaciones del significado del movimiento. Pero, con excepción de las que proceden del sector reaccionario, interesado en limitar los alcances de la Reforma, localizándola en la universidad y la enseñanza, todas las que se inspiran sinceramente en sus verdaderos ideales, la definen como la afirmación del "espíritu nuevo", entendido como espíritu revolucionario.
Desde sus puntos de vista filosóficos, Ripa Alberdi se inclinaba a considerar esta afirmación como una victoria del idealismo novecentista sobre el positivismo del siglo XIX.

"El renacimiento del espíritu argentino -decía- se opera por virtud de las jóvenes generaciones, que al cruzar por los campos de la filosofía contemporánea han sentido aletear en su frente el ala de la libertad".

Mas el propio Ripa Alberdi se daba cuenta de que el objeto de la reforma era capacitar a la Universidad para el cumplimiento de "esa función social que es la razón misma de su existencia".

Julio V. González, que ha reunido en dos volúmenes sus escritos de la campana universitaria, arriba a conclusiones mas precisas:

"La Reforma Universitaria -escribe- acusa el aparecer de una nueva generación que llega desvinculada de la anterior, que trae sensibilidad distinta e ideales propios y una misión diversa para cumplir. No es aquella un hecho simple o aislado, si los hay; esta vinculada en razón de causa a efecto con los últimos acontecimientos de que fuera teatro nuestro país, como consecuencia de los producidos en el mundo. Significaría incurrir en una apreciación errónea hasta lo absurdo considerar a la Reforma Universitaria como un problema de aulas y, aun así, radicar toda su importancia en los efectos que pudiera surtir exclusivamente en los círculos de cultura. Error semejante llevaría sin remedio a una solución del problema que no consultaría la realidad en que el esta planteado. Digámoslo claramente entonces: la Reforma Universitaria es parte de una cuestión que el desarrollo material y moral de nuestra sociedad ha impuesto a raíz de la crisis producida por la guerra".

González señala en seguida la guerra europea, la Revolución Rusa y el advenimiento del radicalismo al poder como los factores decisivos de la Reforma en la Argentina.
José Luis Lanuza indica otro factor: la evolución de la clase media. La mayoría de los estudiantes pertenecen a esta clase en todas sus gradaciones. Y bien. Una de las consecuencias sociales y económicas de la guerra es la proletarización de la clase media. Lanuza sostiene la siguiente tesis:
"Un movimiento colectivo estudiantil de tan vastas proyecciones sociales como la Reforma Universitaria no hubiera podido estallar antes de la guerra europea. Se sentía la necesidad de renovar los métodos de estudio y se ponía de manifiesto el atraso de la Universidad respecto a las corrientes contemporáneas del pensamiento universal desde la época de Alberdi, en la que empieza a desarrollarse nuestra industria embrionaria. Pero entonces la clase media universitaria se mantenía tranquila con sus títulos de privilegio. Desgraciadamente para ella, esta holgura disminuye a medida que crece la gran industria, se acelera la diferenciación de las clases y sobreviene la proletarización de los intelectuales. Los maestros, los periodistas y empleados de comercio se organizan gremialmente. Los estudiantes no podían escapar al movimiento general".

Mariano Hurtado de Mendoza coincide sustancialmente, con las observaciones de Lanuza.

"La Reforma Universitaria -escribe- es antes que nada y por sobre todo, un fenómeno social que resulta de otro mas general y extenso, producido a consecuencia del grado de desarrollo económico de nuestra sociedad. Fuera entonces error estudiarla únicamente bajo la faz universitaria, como problema de renovación del gobierno de la Universidad, o bajo la faz pedagógica, como ensayo de aplicación de nuevos métodos de investigación en la adquisición de la cultura. Incurriríamos también en error si la consideráramos, como el resultado exclusivo de una corriente de ideas nuevas provocadas por la gran guerra y por la Revolución Rusa, o como la obra de la nueva generación que aparece y 'llega desvinculada de la anterior, que trae sensibilidad distinta e ideales propios y una misión diversa por cumplir'".

Y, precisando su concepto, agrega mas adelante:

"La Reforma Universitaria no es mas que una consecuencia del fenómeno general de proletarización de la clase media que forzosamente ocurre cuando una sociedad capitalista llega a determinadas condiciones de su desarrollo económico. Significa esto que en nuestra sociedad se esta produciendo el fenómeno de proletarización de la clase media y que la Universidad, poblada en su casi totalidad por esta, ha sido la primera en sufrir sus efectos, porque era el tipo ideal de institución capitalista".

Es, en todo caso, un hecho uniformemente observada la formación, al calor de la Reforma, de núcleos de estudiantes que, en estrecha solidaridad con el proletariado, se han entregado a la difusión de avanzadas ideas sociales y al estudio de las teorías marxistas. El surgimiento de las universidades populares, concebidas con un criterio bien diverso del que inspiraba en otros tiempos tímidos tanteos de extensión universitaria, se ha efectuado en toda la America Latina en visible concomitancia con el movimiento estudiantil. De la Universidad han salido, en todos los países latinoamericanos, grupos de estudiosos de economía y sociología que han puesto sus conocimientos al servicio del proletariado, dotando a este, en algunos países, de una dirección intelectual de que antes había generalmente carecido. Finalmente, los propagandistas y fautores mas entusiastas de la unidad política de la America Latina son, en gran parte, los antiguos lideres de la Reforma Universitaria que conserva así su vinculación continental, otro de los signos de la realidad de la "nueva generación".
Cuando se confronta este fenómeno con el de las universidades de la China y del Japón, se comprueba su rigurosa justificación histórica. En el Japón, la Universidad ha sido la primera cátedra de socialismo. En la China, por razones obvias, ha tenido una función todavía mas activa en la formación de una nueva conciencia nacional. Los estudiantes chinos componen la vanguardia del movimiento nacionalista revolucionario que, dando a la inmensa nación asiática una nueva alma y una nueva organización, le asigna una influencia considerable en los destinos del mundo. En este punto se muestran concordes los observadores occidentales de más reconocida autoridad intelectual.
Pero no me propongo aquí, el estudio de todas las consecuencias y relaciones de la Reforma Universitaria con los grandes problemas de la evolución política de la America Latina. Constatada la solidaridad del movimiento estudiantil con el movimiento histórico general de estos pueblos, tratemos de examinar y definir sus rasgos propios y específicos.

¿Cuales son las proposiciones o postulados fundamentales de la Reforma?

El Congreso Internacional de Estudiantes de México de 1921 propugno:

  • 1 “la participación de los estudiantes en el gobierno de las universidades;
  • la implantación de la docencia libre y la asistencia libre.

Los estudiantes de Chile declararon su adhesión a los siguientes principios:

  • 1 La autonomía de la Universidad, entendida como institución de los alumnos, profesores y diplomados;
  • 2 reforma del sistema docente, mediante el establecimiento de la docencia libre y, por consiguiente, de la asistencia libre de los alumnos a las cátedras, de suerte que en caso de ensenar dos maestros una misma materia la preferencia del alumnado consagre libre- mente la excelencia del mejor;
  • 3o revisión de los métodos y del contenido de los estudios; y
  • 4o extensión universitaria, actuada como medio de vinculación efectiva de la Universidad con la vida social.

Los estudiantes de Cuba concretaron en 1923 sus reivindicaciones en esta formula:

a)      una verdadera democracia universitaria;
b)      una verdadera renovación pedagógica y científica;
c)      una verdadera popularización de la enseñanza.

Los estudiantes de Colombia reclamaron, en su programa de 1924, la organización de la Universidad sobre bases de independencia, de participación de los estudiantes en su gobierno y de nuevos métodos de trabajo.

"Que al lado de la cátedra -dice ese programa- funcione el seminario, se abran cursos especiales, se creen revistas. Que al lado del maestro titular haya profesores agregados y que la carrera del magisterio exista sobre bases que aseguren su porvenir y den acceso a cuantos sean dignos de tener una silla en la Universidad".

Los estudiantes de vanguardia de la Universidad de Lima, leales a los principios proclamados en 1919 y 1923, sostuvieron en 1926 las siguientes plataformas:

  • defensa de la autonomía de las universidades;
  • participación de los estudiantes en la dirección y orientación de sus respectivas universidades o escuelas especiales;
  • derecho de voto por los estudiantes en la elección de rectores de las universidades; renovación de los métodos pedagógicos;
  • voto de honor de los estudiantes en la provisión de las cátedras;
  • incorporación a la universidad de los valores extrauniversitarios;
  • socialización de la cultura: universidades populares, etc.

Los principios sostenidos por los estudiantes argentinos son, probablemente, mas conocidos, por su extensa influencia en el movimiento estudiantil de America desde su primera enunciación en la Universidad de Córdoba. Prácticamente, además, son a grandes rasgos los mismos que proclaman los estudiantes de las demás universidades latinoamericanas.
Resulta de esta rápida revisión que como postulados cardinales de la Reforma Universitaria puede considerarse:

Primero, la intervención de los alumnos en el gobierno de las universidades y
Segundo, el funcionamiento de cátedras libres, al lado de las oficiales, con idénticos derechos, a cargo de enseñantes de acreditada capacidad en la materia.


El sentido y el origen de estas dos reivindicaciones nos ayudan a esclarecer la significación de la Reforma.
































Fuente: 7 Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana de José Carlos Mariategui.
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lunes, 14 de julio de 2014

CSJN: "Caso Alem - Excarcelación bajo fianza é inmunidad de miembros del Congreso" (15 de diciembre de 1893)

Buenos Aires, 15 de diciembre de 1893.
Vistos:
En el recurso interpuesto por el senador al congreso nacional doctor Leandro N. Alem, del auto de foja veinte y nueve en que el Juez de Sección de Santa Fé se declara incompetente para decretar su libertad, con motivo de la detención que sufre, después del auto de excarcelación de foja once; detención que, según se establece, ha sido ordenado por el Poder Ejecutivo Nacional en virtud de las facultades del estado de sitio, es menester tomar en cuenta las dos distintas causales en que el recurrente funda sus agravios.
La primera de ellas consiste en la afirmación de que el auto del Juez a quo que ordenó su excarcelación bajo fianza, no ha sido cumplido por el funcionario ejecutivo encargado de su custodia; y la segunda, en que ha sido nuevamente detenido en arresto, por órden del poder administrativo, violándose en su persona las inmunidades constitucionales que le amparan como miembro del senado nacional.
En cuanto a la primera de dichas causales, de autos resulta que el mandato del Juez de Sección fue acatado y cumplido por los funcionarios a quienes les fué notificado, sin que en momento alguno se haya puesto en cuestión su eficacia.
Las excarcelaciones bajo de fianza decretadas por los jueces en un proceso dado, refiriéndose sólo a la materia judicial pueden afectar las facultades políticas que durante el estado de sitio corresponden al Poder Ejecutivo.
Así lo ha entendido y resuelto con oportunidad y justicia el Juez de Sección, y esta Corte entiende que está suficientemente fundado el fallo apelado, en lo que se refiere a la primera de las causales que motivan el recurso.

En cuanto a la segunda causal, para poder resolver con acierto el punto en debate, es necesario estudiar otras cuestiones que le son anexas, y de cuya solución depende el fallo que corresponde dictarse en la presente.
Desde luego es indispensable precisar los objetos del estado de sitio y el alcance de las facultades que durante él puede ejercer el Presidente de la República, para detenerse después a estudiar el carácter de las inmunidades de los Senadores y Diputados, y los objetos que la Constitución ha tenido en vista al acordarlas.
El artículo 23 de nuestra ley fundamental es el único que puede servir para determinar sus propósitos al establecer el estado de sitio.
El estado de sitio que ese artículo autoriza es un arma de defensa extraordinaria que la Constitución ha puesto en manos de los póderes políticos de la nación, para que, en épocas también extraordinarias, puedan defenderse de los peligros que amenacen tanto a la Constitución como a las autoridades que ella crea.
Cuando la Constitución Argentina ha considerado necesario suspender las garantías constitucionales que acuerdan algunas de sus cláusulas, por tiempo y en parajes determinados, lo ha hecho en términos tan expresos, que difícilmente podría recurrirse, por necesidad a la interpretación para tener pleno conocimiento de sus propósitos, Perfectamente definidos y limitados.
Solo "en caso de conmoción interior ó de ataque exterior, que ponga en peligro el ejercicio de la Constitución y de las autoridades creadas por ella, se declarará en estado de sitio la provincia ó territorio donde exista la perturbación del órden". (Constitución Nacional, art.23).
Sin esfuerzo se deduce lógicamente de este texto constitucional que el objeto primordial del estado de sitio, es la defensa de la Constitución y de las autoridades federales que ella crea. Con estos propósitos, y como medio eficaz de alcanzados, el artículo 23 agrega que, "allí", donde el estado de sitio sea declarado, "quedarán suspendidas las garantías constitucionales”.
Si de un lado los objetos del estado de sitio son la defensa de la Constitución y de las autoridades, y del otro, durante ese tiempo, quedan suspendidas las garantías constitucionales, corresponde averiguar qué carácter tienen dentro de nuestra ley orgánica las inmunidades de los miembros del Congreso, y si aquellas pueden quedar comprendidas entre las garantías constitucionales que el estado de sitio suspende.
En nuestro mecanismo institucional, todos los funcionarios públicos son meros mandatarios que ejercen poderes delegados por el pueblo, en quien reside la soberanía originaria. Al constituir el gobierno de la Nación, ese pueblo dividió los poderes de esa soberanía en los tres grandes departamentos en los cuales depositó el ejercicio de todas sus facultades soberanas, en cuanto se refiriesen a dictar, ejecutar y aplicar las leyes en el orden nacional.
Y con el objeto de asegurar la estabilidad de ese mismo gobierno que el pueblo creaba, éste estableció, en la misma constitución, ciertos artículos que limitaron sus propias atribuciones soberanas, negándose a si mismo el derecho de deliberar ó de gobernar por otros medios que los de sus legítimos representantes y declarando suspensas sus propias garantías constitucionales allí donde una conmoción interior ó un ataque exterior, que pusiese en peligro el ejercicio de la Constitución ó de las autoridades que ella crea, haga necesario declarar el estado de sitio.
De esta serie de prescripciones constitucionales resulta que las facultades del estado de sitio, en cuanto se refiere a las autoridades creadas por la Constitución, deben ejercitarse dentro de ella misma. El estado de sitio, lejos de suspender el imperio de la Constitución, se declara para defenderla, Y lejos de suprimir las funciones de los poderes públicos por ella instituidos, les sirve de escudo contra los peligros de las conmociones interiores ó de los ataques exteriores.
Toda medida que, directa ó indirectamente, afecte la existencia de esos poderes públicos, adoptada en virtud de las facultades que el estado de sitio confiere, sería contraria a la esencia misma de aquella institución, y violaría los propósitos con que la ha crearlo el artículo 28 de la Constitución.
Ahora bien: la supresión de las garantías constitucionales, que trae como consecuencia inmediata la declaración del estado de sitio, en cuanto se refiere a las personas, autoriza al Presidente de la República "a arrestarlos ó trasladarlos de un punto a otro de la Nación, si ellas no prefirieran salir del territorio Argentino ".
Puede adoptarse cualquiera de estas medidas, tratándose de un miembro del Congreso Nacional?.
El artículo 61 de la Constitución establece que "ningún Senador ó Diputado, desde el día de su elección hasta el de su ceso, pueda ser arrestado, excepto en el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante ó aflictiva.
Esta prescripción determina la regla ineludible: los miembros del Congreso no pueden ser arrestados; y, al lado de la regla, coloca la única excepción: el caso da ser sorprendido in fraganti en la comisión de algún delito.
Sean cuales fueren los actos que se atribuyan al Senador Alem para motivar su arresto, en virtud de las facultades que el estado de sitio confiere, ellos no podrían incluirse en la excepción que este artículo consigna.
Para que un miembro del Congreso pueda ser arrestado. es menester que se le sorprenda in fraganti en la comisión de un delito; y actos como éste no caen, en caso alguno, bajo, la acción política del Presidente de la República que, durante el estado de sitio "no puede condenar por sí ni aplicar penas", sinó bajo la acción de los tribunales, que son los depositarios del poder judicial de la Nación, y, por tanto, los únicos competentes para entender en caso de delito.
Y es tal el celo que la Constitución ha tenido por guardar esta inmunidad dada a los miembros del Poder Legislativo contra los arrestos posibles de sus personas, que, aún en estos casos de excepción, cuando el Poder Judicial interviene, éste está obligado a dar cuenta a la Cámara respectiva, con la información sumaria del hecho, la que, en los casos de querella por escrito, necesita el concurso de dos terceras partes de los votos de sus miembros para ponerlo a disposición del Juez competente para su juzgamiento (Constitución Nacional, arts. 61 y 62).
Se ve, pues, que aun tratándose de los actos de indiscutible jurisdicción de los tribunales ordinarios, cuando ellos ordenan el enjuiciamiento de un Senador ó Diputado, la Cámara respectiva tiene acción decisiva sobre la persona de sus miembros, con prescindencia completa de las resoluciones de los demás poderes de la Nación.
Siendo esto así, ¿Cómo puede concebirse que la misma Constitución haya autorizado el arresto de los Senadorhes ó Diputados, sin la base de la comisión de un delito, solo como consecuencia emergente del estado de sitio, y sin que pueda tomar intervención alguna la Cámara a que pertenezcan esos miembros del Congreso ó el Poder Judicial, encargado de amparar todos los derechos?.
Para que las facultades políticas discrecionales puedan ser ejercidas con amplia libertad por el Presidente de la República, sobre las personas y las cosas, es que la Constitución ha declarado suspensas las garantías constitucionales durante el estado de sitio; pero esta suspensión de garantías es solo en cuanto afecta a las personas y a las cosas, y no a las autoridades creadas por la Constitución.
Si esta amplitud se diese a las facultades que el estado de sitio confiere, resultaría saltante la incongruencia en que habría incurrido nuestra Constitución autorizando por el artículo 23 el estado de sitio para garantir la existencia de las autoridades creadas por ella, y autorizando por el mismo artículo al Presidente para destruir los poderes legislativo y judicial, por medio del arresto ó la traslación de sus miembros, durante el estado de sitio.
Reconocida en el Poder Ejecutivo la facultad de arrestar a un Senador ó Diputado, queda sentado el principio, y reconocido, en consecuencia, el derecho del Presidente para arrestar a todos los miembros del Congreso, en los casos de conmoción interior ó de ataque extranjero.
Ejercida discrecional mente y sin control esa facultad que el artículo veinte y tres de la Constitución confiere al Presidente, ella puede venir a modificar substancialmente las condiciones de las cámaras del Congreso: ejerciéndose esa facultad sobre sus miembros y alternándose el resultado de las decisiones, parlamentarias, por la calculada modificación
de las mayorías, ó impidiendo en absoluto el funcionamiento del Poder Legislativo, o arrestándose ó trasladándose por la sola voluntad del Presidente, los senadores ó diputados en el número necesario para producir esos resultados.
En un fallo de esta Suprema Corte se ha establecido precisamente, tratándose de los privilegios parlamentarios, que "el sistema de gobierno que nos rige, no es una creación nuestra. Lo hemos encontrado en acción, probado por largos años de experiencia, y nos lo hemos apropiado. Y se ha dicho con razón, que una de las grandes ventajas de esa adopción, ha sido encontrar formado un vasto cuerpo de doctrina, una práctica y una jurisprudencia que ilustran y completan las reglas fundamentales, y que podemos y debemos utilizar en todo aquello que no hayamos podido alterar por disposiciones peculiares ".(Serie segunda, tomo X, página 236).
En el caso sub-judice, si bien las disposiciones de la constitución Argentina alteran las disposiciones análogas de la constitución norte-americana, lo hacen por una peculiaridad que tiene aquella, y que sirve para ensanchar el alcance de la inmunidad contra el arresto de que gozan los miembros de nuestro congreso nacional.
El artículo primero, sección primera, párrafo primero de la Constitución de los Estados Unidos, consagra este privilegio en los términos siguientes: "Gozarán (los Diputados y Senadores) en todos los casos, excepto en los de traición, felonía y perturbación de la paz (breach of the peace) del privilegio de no ser arrestados, mientras asistan a sus respectivas cámaras y al ir y al volver a las mismas ".
Las diferencias que entre este artículo y el de la constitución Argentina existen, son dos: la primera, que mientras que en los Estados Unidos puede ser arrestado, por órden judicial, en cualquier momento un miembro del Congreso que haya cometido delito, por la Constitución Argentina el arresto sólo puede tener lugar cuando el senador ó diputado ,es sorprendido infraganti, es decir, en el acto mismo de la comisión del delito. La segunda diferencia, es que en los Estados Unidos la inmunidad dura sólo el tiempo de las sesiones de las cámaras y el necesario para ir y volver al Congreso, mientras que en la República Argentina esa inmunidad dura para los diputados y senadores desde el día de su elección hasta el de su cese.
Fueron indudablemente razones peculiares a nuestra propia sociabilidad y motivos de alta política los que aconsejaron estas enmiendas hechas al modelo que se tenía presente por los constituyentes argentinos. Se buscaba, sin duda alguna, dar a los miembros del Congreso Nacional aún mayores garantías para el desempeño de sus funciones que aquellas de que gozaban los legisladores de la Nación Americana, asegurando su independencia individual y la integridad de los poderes.
Esto no obstante, la jurisprudencia de aquella Nación sirve sólo para justificar la inteligencia que en este fallo se da a las cláusulas recordadas de la Constitución Nacional.
En la doctrina norte-americana "para que sea legal y constitucional el arresto de un miembro del Congreso, es indispensable que exista un delito por él cometido"; y, en estos casos, el arresto no es un acto político, emergente del estado de sitio, sinó un acto ordinario y de jurisdicción del Poder Judicial.
Del hecho de que las inmunidades acordadas a los senadores y diputados les amparen contra el arresto político que autoriza el estado de sitio, no puede desprenderse su impunidad para conspirar contra la paz de la República.
Los miembros del Congreso, como todos los habitantes de la Nación, están sujetos a las leyes penales; y si conspirasen, ó produjesen actos de sedición ó rebelión, su arresto procedería, no en virtud de las facultades del estado de sitio, sinó en virtud de las facultades que tiene el poder judicial para aprehender a los presuntos delincuentes sometidos a su jurisdicción, ó para reclamarlos a sus cámaras respectivas.
Por otra parte, aun en los casos en que no exista propiamente delito, cada Cámara es el juez de sus miembros, y este es el creado contra la participación posible de los Senadores ó Diputados, en asuntos que pueden afectar al órden público. El estado de sitio no puede llegar hasta el seno del parlamento, para levantar de su asiento a uno de sus miembros, porque la existencia del cuerpo y su funcionamiento regular depende precisamente de esa existencia; pero cada Cámara tiene acción sobre todos y cada uno de sus miembros.
La razón substancial de estas prerrogativas de las Cámaras sobre sus miembros, es porque son sus privilegios los que se consideran violados; porque aunque la inmunidad de arresto de los miembros del Congreso es personal, ella tiene por objeto "habilitarles para desempeñar sus deberes como tales, y son esenciales a este fin ", y es por esta razón que, "cuando un miembro del Congreso está ilegalmente arrestado ó detenido, es deber de la asamblea adoptar medidas inmediatas y efectivas para obtener su libertad", porque "los privilegios de sus miembros son parte de la ley de la tierra", puesto "que el gran objeto de la institución de esos privilegios es asegurarles su asistencia a las asambleas legislativas". (Cushing, Ley parlamentaria americana, páginas 224 a 238).
La Constitución no ha buscado garantir a los miembros del Congreso con una inmunidad que tenga objetos personales, ni por razones del individuo mismo a quien hace inmune. Son altos fines políticos los que se ha propuesto, y si ha considerado esencial esa inmunidad, es precisamente para asegurar no solo la independencia de los poderes públicos entre si, sinó la existencia misma de las autoridades creadas por la Constitución.
De todo lo expuesto resulta que, en tanto que no se trate del arresto autorizado, por excepción, por el artículo 61 de la Constitución, los miembros del Congreso nacional no pueden ser arrestados. Las facultades del estado de sitio no alcanzan hasta ellos, sobre quienes sólo tiene jurisdicción en esos casos la propia Cámara a que pertenecen.
En cuanto a la nota de 26 de Septiembre de 1893, que el Juez a quo invoca en el duo décimo considerando del fallo apelado, que se dice dirigida por el honorable Senado al Poder Ejecutivo, confiriéndole autorización para arrestar al Senador Alem, desde luego se extraña que no figure en autos el documento en que se apoya aquel funcionario, si es que alguna vez ha sido producido en ellos, y que resulta se hallaba en poder del Procurador Fiscal, según la conferencia telegráfica celebrada con la Secretaría de esta Corte.
Pero aún admitiendo en los autos el documento que se ha recibido en esta Corte por la vía telegráfica, y que aparece ser el que tuvo presente el Juez a quo al negar su competencia para decretar la libertad del Senador Alem, fundándose en que el Senado Nacional había autorizado su arresto, ese documento, no expresa semejante autorización.
En su texto solo dice que: "El Senado de la Nación, en presencia del mensaje de V. E., fecha de hoy, ha resuelto manifestarle que, en el caso ocurrente; puede hacer uso de sus facultades constitucionales con relación al senador electo doctor Leandro N. Alem, cuyos términos no implican una autorización especial para arrestar al senador Alem, durante y por las facultades del estado de sitio, máxime cuando el Senado solo se pronunciaba a propósito del caso ocurrente en la fecha del mensaje, y se pronunciaba dejando al Poder Ejecutivo que usara de sus facultades constitucionales.
Es ese precisamente el punto estudiado en este fallo, y resultando de él que, entre las facultades constitucionales del Presidente de la República durante el estado de sitio, no entra la de arrestar, a los miembros del Congreso, basta esta sola consideración para negar a la nota de la referencia la importancia decisiva que le atribuye el Juez a quo en su fallo.
Por estos fundamentos, se revoca la sentencia apelada corriente a foja 29, y se declara que las inmunidades constitucionales del senador electo doctor Leandro N. Alem, no están limitadas por el estado de sitio, y que debe ser puesto en libertad; a cuyo efecto, devuélvanse los autos al Juzgado de su procedencia.
Benjamín Paz.- Luis V. Varela.- Abel Bazan.- Octavio Bunge.- Juan E. Torrent.-

FALLO DE LA CORTE SUPREMA
Buenos Aires, 15 de diciembre de 1893.
Vistos:
En cuanto a la apelación deducida por el Procurador Fiscal, del auto de foja 11, que concede excarcelación bajo de fianza a los procesados por rebelión doctores Leandro N. Alem y Mariano N. Candioti.
y considerando:
1º.- Que en los fallos de esta Suprema Corte que "se invocan por los procesados, y en los que con ellos forman la jurisprudencia sobre esta materia, se ha declarado, con reiteración, que todos aquellos actos delictuosos que aisladamente podrían dar lugar a una acción penal, cuando se cometen durante la rebelión y, tienen por objeto producirla ó continuarla, deben tomarse como elementos de ella, y que la ley castiga con la pena máxima de diez años de extrañamiento y seis mil pesos fuertes de multa.
2º.- Que los delitos de sustracción y ocultación de armas, voladura de puentes, destrucción de vías férreas, apoderamiento de ferrocarriles y oficinas nacionales, que el Ministerio Fiscal atribuye en estos autos a los procesados, también les fueron atribuidos, en conjunto y en detalle, a los procesados por idéntico delito en la provincia de Tucumán; desestimando
esta Corte la pertinencia de las conclusiones fiscales al respecto, al decretar en ese caso la excarcelación bajo de fianza y reconociendo que esos delitos no formaban sinó elementos del delito mismo de rebelión, el que, produciendo un estado de guerra, forman los elementos lícitos del ataque y la defensa, según el derecho de las naciones.
3º.- Que ninguno de los actos a que la acusación fiscal se refiere, son ajenos al delito político de rebelión, y, por tanto no pueden tomarse aisladamente para producir acciones diversas que pudieran tener otras penas, que las establecidas para dicho delito; lo que no sucedía en el caso que se registra en la serie 2º, 12, página 121, en que la Suprema Corte negó al procesado la excarcelación bajo de fianza, por tratarse entonces de delitos comunes, que consistían en "haber cometido ó autorizado dicha rebelión y las precedentes
de 1870 y 1873, gran número de homicidios, siendo las víctimas unas veces fusiladas, otras ejecutadas a cuchillo; por haber hecho azotar un condenado en las cárceles del país, mientras que la otra exige su extrañamiento de la República, lo que importa establecer que los delitos conexos en estos casos son meras circunstancias agravantes del delito principal.
Por estos fundamentos y los de la sentencia apelada de foja once, oído el señor Procurador General, se confirma ella y devuélvanse.
Benjamín Paz. - Luis v, Varela.- Abel Bazan.- Octavio Bunge (en disidencia). - Juan E. Torrente.-
En disidencia: Por los fundamentos aducidos en la causa seguida sobre rebelión, contra los miembros de la Junta revolucionaria de Tucumán.
Octavio Bunge


VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL
Buenos Aires, 7 de diciembre 1893.
Suprema Corte:
Los doctores Alem y Candioti expresan a foja 1 que nunca pensaron rehuir responsabilidades de sus actos confesados, y habían esperado serenos y dispuestos a todo, la solución definitiva del proceso, sin promover expontáneamente gestión de ninguna especie.
Pero, he ahí, agregan, que la Suprema Corte de Justicia acaba de declarar, con motivo de los encausados de Tucumán, que la libertad bajo fianza procede aun durante la tramitación del proceso, y en tal situación pensando que su proceder no sería bien visto y aun podría ser criticado, si manteniéndose prisioneros, dejaran de prestar a su partido el concurso a que tiene derecho en estos momentos, solicitan su libertad inmediata en aquellas condiciones y en aquella forma.
Cuando sólo resultaran hechos de rebelión y seducción de tropas con el propósito de realizarla, la analogía de causas obligaría a soluciones análogas.
Pero las sentencias invocadas, que interpretando los artículos 15 y 27 de la ley sobre crímenes contra la Nación, declararon en las causas contra los revolucionarios en Tucumán y a bordo de la torpedera " Murature ", aplicable pena de extrañamiento, y ésta no comprendida entre las corporales; no podrían extenderse al caso sub-judice, en el que otros hechos delictuosos previstos y pasibles de pena corporal, han sido incluidos especialmente como otros tantos capítulos de la acusación fiscal.
Esa acusación sustentada por el Procurador Fiscal de la Sección Federal en Santa Fé, responsabiliza a los procesados no solo por la seducción de tropas, batallas cruentas libradas contra las fuerzas nacionales y sublevación y combate naval del acorazado los "Andes", sinó también:
1º.- De la sustracción y ocultación de las armas de ese buque, que no han podido ser aún habidas ó restituidas al Parque Nacional.
2° De las explosiones de puente por medio de la dinamita; de la destrucción de vías férreas y del apoderamiento de ferrocarriles nacionales.
3° Del asalto y apoderamiento violento de las oficinas nacionales de correos y telégrafos, y sustracción de correspondencia.
Puedo prescindir de la rebelión y seducción de tropas; de las batallas libradas contra la autoridad constitucional de la Nación. Esos hechos y sus consecuencias luctuosas aún pueden comprenderse en el delito principal y, como lo expresa el Juez Federal en el 7° considerando de su sentencia, ampararse bajo la éjida de la jurisdicción invocada.
Pero aún queda examinar, todavía, la penalidad aplicable a los hechos fundamentales de la acusación y si resulta que algunos de ellos, uno solo, tuviese atribuida pena mayor de dos años de prisión, la excarcelación no procedería, según el texto mismo del artículo 376 del Código de Procedimientos.
Ese artículo prescribe que la excarcelación procede, cuando el hecho que motiva la prisión tenga solo pena pecuniaria ó corporal, cuyo máximun no exceda a dos años de prisión. Si el máximun de pena aplicable excede de dos años, la excarcelación no procede entónces.
Este artículo establece claramente, como base de aplicación, el máximun, no el mínimun de la pena imponible.
Resulta, pues, que aun cuando la penalidad recorra una vasta escala, cuyo mínimun puede ser uno y cuyo máximun tres ó más años, es este máximun que ha de tomarse en cuenta, para la declaración de procedencia de la excarcelación. Y esto es lógico y legal. Porque no pudiendo en el estado de sumario, apreciarse ni declararse motivos ó circunstancias atenuantes, debe estarse a lo que establezca el Código en toda su amplitud.
Ahora bien, el artículo 214 del Código Penal impone pena de Penitenciaría al que cause estragos por medio de explosión de minas, bombas, etc., u otro medio de destrucción análogo ó tan paderoso como los expresados.
El artículo 215 pena de uno á tres de prisión, al que rompa caminos de fierro, impida el tránsito de vagones y locomotoras, los haga salir de los rieles ó emplee otro medio con este fin, y el artículo 40 de la ley sobre crímenes contra la Nación, de 14 de Septiembre de 1863, aplica a los que con violencia despojen a un conductor de correspondencia, pena pecuniaria ó de trabajos forzados por dos a cuatro años, ó una y otra conjuntamente.
La designación y aplicación de estas penas, no es arbitraria, depende de los grados de culpabilidad que caracterizan el hecho constatado; antes que el Juez pueda apreciar los grados de culpabilidad resultantes del proceso no puede suponer aplicable ni el máximun ni el mínimun de la pena.
Basta que esta pueda ser de más de dos años de prisión en el caso, para que la excarcalación no sea procedente.
Aplicando las prescripciones penales citadas, a los hechos referidos y fundamentales de la acción Fiscal, y aun prescindiendo de la gravedad emergente de la magnitud de los daños causados al Gobierno Nacional, de su producción repetida en puentes, caminos, naves y armamentos nacionales y de su conección con los hechos de rebelión y soborno, siempre resultaría "que el hecho que motiva la prisión" puede ser pasible de una pena superior a dos años de prisión, y por ello excluido del beneficio del artículo 376 del Código de Procedimientos en lo criminal.
Adhiriendo por ello a la apelación lnstaurada por el Procurador Fiscal de Santa Fé, pido a V. S. la revocación del auto apelado corriente a foja 11.
En cuanto al recurso instaurado por el doctor Alem contra el auto del Juez Federal que a foja 34 vuelta declara su incompetencia para reveer la nueva orden de prisión dictada por el P. E. de la Nación en uso de las facultades del estado de sitio, nada debo agregar a los sólidos fundamentos en que la resolución judicial se apoya. Invocándolos sólo para evitar repeticiones estériles, pido a V. E. la confirmación por sus fundamentos del auto apelado corriente de foja 29 a 34.
Sabiniano Kier.

PETICION
Rosario de Santa Fe, Noviembre 17 de 1893.
Señor Juez Federal
El Senador Nacional doctor Leandro N. Alem y el doctor Mariano N. Candioti en la forma conveniente exponemos:
Nuestras declaraciones han demostrado a V. S. y a todo el mundo, que nunca hemos pensado en rehuir la responsabilidad de nuestros actos y hemos esperado serenos y dispuestos a todo, como nos mantendremos, la solución definitiva del proceso sin promover expontáneamente gestión de ninguna especie. Pero he ahí que la Suprema Corte de Justicia acaba de declarar, con motivo de los encausados en Tucumán, que nuestra libertad procede, es decir, la de todos los que en nuestro caso se encuentran aún durante la tramitación del proceso siempre que se comprometan por medio de una fianza, a estar a las resultas del juicio. En este caso y así colocadas las cosas, hemos pensado que no sería bien visto, y aún podría ser con razón criticado nuestro proceder, si nos mantuviéramos prisioneros por un capricho, sin prestar el concurso activo a que nuestro Partido tiene derecho en estos momentos. Y en consecuencia venimos a manifestar a V. S. que haciendo uso de ese recurso legal que la Suprema Corte acaba de establecer de una manera clara, terminante y precisa, solicitamos nuestra libertad inmediata en aquellas condiciones y en aquella forma.
El extenso y bien meditado fallo del Tribunal Superior ha sido publicado en todos los diarios de la capital federal, de uno de los cuales adjuntamos un ejemplar a V. S. y creyendo que sería completamente inútil entrar en consideraciones legales, en vista de aquel documento y de aquella resolución, que no puede ser desacatada, esperamos que V. S., previos los trámites de estilo, se sirva decretar la libertad solicitada.
Será justicia.
L. N. Alem._ M. N. Candioti.-
Otrosí: Fácilmente se comprende que para nosotros la fianza viene a ser una simple fórmula, que nunca rehuiremos como hemos dicho, la responsabilidad de nuestros actos; pero como la ley lo exige, ofrecemos respetuosamente por fiadores, el doctor Alem al señor Zenon Pereira, y el doctor Candioti al señor A. Alberti, quienes en prueba de su conformidad firman este escrito.
Será Justicia.
Leandro N. Alem._ mariano N. Candioti._ Zenon Pereyra._ A. Alberti.

Vista Fiscal
Señor Juez Federal:
Mi opinión en el presente caso tiene que estar de acuerdo con el dictámen expedido en el incidente de excarcelación del señor Sivori.
En aquel incidente manifesté á. V. S. que no encontraba procedente la soltura solicitada, por cuanto al delito de sedición de que era acusado, se agregaban otros hechos de grave carácter y penalidad cuya solidaridad habría aceptado aquel señor al confesarse miembro conspicuo y dirigente del Partido Radical, autor del movimiento insurreccional contra la Nación.
Tratándose hoy del incidente de excarcelación promovido por los doctores Alem y Candioti, mi actitud no cabe modificarse, porque subsisten los mismos hechos y principios que aconsejaron mi oposición a la excarcelación del señor Sivori.
Opino, pues, que V. S. Debe denegarla también en el presente caso, tanto más cuanto que ahora se trata de los autores y cabecillas principales de la rebelión en esta Provincia.
Mi oposición no es arbitraria ni antojadiza.
Cónstale á V. S. por las resultancias del proceso como por la autoridad de los hechos que tuvieron lugar en Septiembre pasado, que el objeto primordial de aquel movimiento insurreccional no fue otro que el del derrocamiento del Gobierno Federal; que para la ejecución de estos propósitos se sobornaron soldados del Ejército, asociados a los cuales se hizo fuego sobre la bandera nacional; que se sedujo é hizo venir a este puerto al acorazado "Los Andes", donde para ser sometido tuvo que librarse un combate naval, que puso en inminente peligro la vida, y los intereses de los habitantes de esta ciudad; que de "Los Andes" se extrajeron, para ser distribuidos sin regla ni criterio, muchos miles de carabinas y fusiles remington, sables ,y cañones cuya mayor parte no ha podido aún volver al Parque Nacional, por la ocultación que de ellas se ha hecho y sigue haciéndose a pesar de las medidas conminatorias de la Policía; que se han destruido vías férreas y volado puentes, y apropiado el servicio de los Ferrocarriles; las oficinas de Correo y Telégrafo han sido asaltadas a mano armada, persiguiendo a sus empleados y apoderándose de toda la correspondencia y servicio telegráfico.
Todos estos hechos, señor Juez, constituyen delitos muy graves, cuya penalidad no es solamente la atribuida a los autores principales del delito de sedición.
Aquí hay hechos, como el del asalto al Correo y despojo de la correspondencia, cuyos sumarios V. S. conoce que merecen pena corporal aflictiva.
No hay, pues, verdadera similitud entre ellos y los de los procesados en Tucumán.
¿Necesitaré demostrar que los doctores Alem y Candioti son responsables, solidariamente de todos aquellos delitos y que así lo tienen confesado y reconocen en el curso de esta causa?
Bastaría para esto el solo escrito que motiva este dictamen fiscal.
Con arreglo a las precedentes consideraciones y a lo dispuesto en la parte final del inciso 2º del artículo 377 del Código de Enjuiciamiento Criminal, solicito de V. S. deniegue la excarcelación pedida.
Desiderio Rosas.

FALLO DEL JUEZ FEDERAL

Rosario, Noviembre 18 de 1893,
Autos y vistos:
El incidente sobre excarcelación deducido por los doctores Leandro N. Alem y Mariano N. Candioti en la causa que por rebeldía sigue en su contra el Ministerio Fiscal, a consecuencia de los sucesos producidos en esta Provincia en el mes de Septiembre próximo pasado; y
Considerando:
1º.- Que la Suprema Corte en su reciente fallo de fecha 14 del actual, pronunciado en la causa análoga seguida a los procesados por igual delito de rebelión en la Provincia de Tucumán, ha declarado no ser corporal la pena de destierro que a los delitos de rebelión y sedición infligen los artículos 15 y 25 de la ley nacional de 14 de Septiembre de 1863, designando los crímenes cuyo juzgamiento compete a los Tribunales Nacionales.
2º.- Que asímismo se ha establecido en dicho fallo que aun cuando en la imputación criminal se atribuya a los procesados participación en otro crimen que tenga impuesta pena corporal, como la sedición de tropas de líneas a que se refiere el artículo 27 de la ley recordada, esa circunstancia no puede tomarse en consideración, por cuanto el artículo 28 de la misma establece que si llegan a tener efecto la rebelión ó la sedición, los seductores (de tropas) se reputarán promovedores (de la rebelión ó sedición) y respectivamente comprendidos en los artículos que les conciernen, que son aquellos que designan el extrañamiento y la multa como únicas penas procedentes, no habiendo -disposición alguna en esa ley que autorice la acumulación, arbitraria de la pena del artículo 27, con sólo la multa que como agravación al destierro establecen los artículos 15 y 25 citados (Considerando 6°).
3°.- Que ante esas premisas y demás que contiene el predicho fallo de la Suprema Corte, ese alto Tribunal concluye estableciendo ser procedente la excarcelación bajo fianza de los promovedores de la rebelión ó sedición, concediéndola a las personas encausadas en la Sección de Tucumán, que interpusieron el recurso que ha dado orígen a ese fallo.
4°.- Que el Ministerio Fiscal aduce en el actual caso no ser esa jurisprudencia aplicable al presente, por cuanto no exista similitud entre los hechos llevados a cabo en la insurrección sucedida en Tucumán y la producida en esta Provincia, en la cual se han perpetrado, dice, otros delitos que llevan consigo para sus ejecutores la inflicción de otras penas corporales, obstaculizando así la excarcelación solicitada por los doctores Alem y Candioti.
5° Que en presencia de lo anterior es entónces del caso y necesario entrar a examinar el valor legal de la objeción formulada.
6° Que el señor Fiscal aduce en apoyo de su aserto el hecho de encontrarse los peticionantes, doctores Alem y Candioti, además de acusados del crímen de rebelión ó sedición, de los siguientes otros: 1 ° Soborno de tropas del ejército, habiéndose hecho fuego sobre la bandera nacional; 2° Seducción de fuerzas de la Escuadra haciendo arribar a este puerto el acorazado "Los Andes ", donde para ser sometido tuvo que librarse un combate naval; 3° Extracción de armas de dicho buque, y las que no han podido volver aun al parque Nacional por la ocultación que de ellas se ha hecho; 4º Destrucción de vías férreas y apropiación del servicio de los ferrocarriles; y 5º Asalto a las oficinas de Correos y telégrafos, y despojo de la correspondencia pública.
7º.- Que el delito de seducción de fuerzas a que, el Ministerio Fiscal se refiere en los dos primeros números, como que ha tenido lugar también en la insurrección de Tucumán y ha sido tomado en consideración por la Suprema Corte en el fallo del 14 del actual (Considerando 6°), queda despojado de la calidad de argumento nuevo con que lo reviste el señor, Fiscal cayendo él por el contrario bajo la éjida de la jurisprudencia establecida en el fallo mencionado, quedando así, por consiguiente, dicha observación destruída y primando la procedencia de la soltura.
Pero el Fiscal aduce como causa agravante el hecho de los combates que han tenido lugar. A este respecto hay que advertir que en los delitos políticos de rebelión ó sedición no pueden considerarse aisladamente los resultados luctuosos de los combates, considerando como asesino ú homicida al que mata en ellos (Pacheco, Código Penal concordado y comentado, tomo 2°, página 205, párrafo 1º; Aguirre, Código Penal argentino y, concordado, página 317), careciendo así entonces de importancia legal esta otra circunstancia.
8° Que respecto al tercer delito aducido por el señor Fiscal sobre sustracción de armas, la Suprema Corte en casos anteriores en que se ha aducido como obstáculo a la excarcelación otras exacciones y robos llevados acabo por los rebeldes y sediciosos, ha establecido la jurisprudencia de que la excarcelación es procedente no obstante la existencia de esos delitos conexos (serie 1º, tomos 5°, 6° y 8°, páginas 386, 24 y 142), debiéndose por tanto desechar también la objeción Fiscal formulada sobre este punto.
9° Que el cuarto delito enunciado respecto a destrucción de vías férreas y voladuras de puentes por medio de la dinamita, si es que no estuviera tal delito comprendido en las exacciones a que se refiere el juzgamiento de la suprema Corte en los fallos indicados en el considerando anterior, y sin que lo siguiente que se dirá ó ya se ha dicho importe un juzgamiento de parte de este Tribunal, imposible, por otra parte, en el estado actual del proceso, no elevado a plenario ni abierto a prueba, tendrían esos delitos que ser regidos por la prescripción del artículo 215 del Código Penal, que inflige para ellos la pena de prisión de uno a tres años, pues no se ha aducido en la acusación fiscal haberse ocasionado descarrilamiento ni destrucción de vehículos para que su penalidad pueda ser mayor impidiendo así la procedencia de la soltura.
10°.- Que el quinto y último delito invocado por el Ministerio Fiscal y referente a asalto de las oficinas de Correos y Telé grafos, con despojo de la correspondencia pública, si bien es
verdad que por el artículo 49 de la ley nacional antes recordada de fecha 14 de Septiembre de 1863, tiene una pena de dos a cuatro años de trabajos forzados, y que es evidentemente corporal, también lo es que ésta no se impone en dicho artículo de manera irremisible, pudiendo ser sustituida por el Juez por multa de 1000 a 2000 pesos fuertes, la que también es evidente no constituye pena corporal y por ende en su calidad de alternativa, hace procedente la excarcelación, pues que es un principio inconcuso de derecho criminal el que lo odioso se restringe y lo favorable se amplia (Favorabilia sunt amplianda et odia restringenda; titulo 34, parte 7a, Recopilacion 2a).
11º.-Que a lo anterior se agrega el hecho comprobado en autos (incidente de excarcelación del doctor Julián Paz), de que los tres sacos de correspondencia tomados por los revolucionarios y a que se refiere el señor Fiscal, han sido encontrados intactos por los empleados nacionales del correo al terminar la revolución y al hacerse estos nuevamente cargo de las oficinas nacionales, según así lo expresa el Jefe de este distrito en el informe que oportunamente se le solicitó por este Tribunal.
12°.- Que destruidos así los argumentos del Ministerio Fiscal, y quedando por tanto equiparados los solicitantes doctores Alem y Candeloti a los encausados de igual clase que han motivado el fallo de la Suprema Corte de 13 del actual, la jurisprudencia en dicho fallo establecida es de ajustada aplicación a los recurrentes.
13°.- Que los fiadores propuestos, don Zenon Pereira y don Andrés Alberti, por su radicación en el país, su posición social y pecuniaria, nada dejan que observar a su respecto; siendo por tanto aceptables en todo concepto.
14°.- Que no es posible en el estado actual del juicio apreciar debidamente el valor exacto de las responsabilidades, que pudiera pesar sobre los solicitantes para designar una suma
determinada de dinero como fianza suficiente a esas responsabilidades, debiendo en tal caso el Juzgado exigir de ellos un afianzamiento general, o sea la fianza de judicatum solvi.
Por estos fundamentos: Hácese lugar a la excarcelación de los doctores Leandro N. Alem y Mariano N. Candioti bajo las fianzas ofrecidas respectivamente de los señores Zenon Pereira y Andrés Alberti, quienes deberán extenderla en legal forma, debiendo además los solicitantes prestar la de judicatum solvi en personas suficientemente abonadas y una vez todo ello fecho, líbrese la órden correspondiente a la Jefatura Política para la libertad de los recurrentes. Notifíquese con el original y repónganse los sellos.
G. Escalera y Zuviría.

RECURSO
Rosario, Noviembre 18 de 1893.
Señor Juez Federal:
El Senador Nacional Doctor Don Leandro N. Alem, a V. S, en la forma conveniente, expongo: Acabo de ser notificado por el Jefe Político que no le es posible cumplir la orden dictada por V. S. acordando mi libertad, y entiendo que procede por orden superior. La trascendencia de este acto para nuestras instituciones y el sistema de Gobierno que el Pueblo Argentino se ha dado por medio de sus legítimos representantes, los constituyentes que formularon y sancionaron el Estatuto Político que nos rige, no puede escapar a la más débil penetración, y V. S. la habrá comprendido sin duda alguna desde el primer momento.
Todo queda completamente subvertido, desapareciendo hasta la última garantía, no digo para el ciudadano, sino para todos los habitantes del país, una vez que el Poder Ejecutivo se hace árbitro supremo atribuyéndose hasta la facultad de revisar y anular las decisiones del Poder Judicial. Aquí no se trata ya, señor Juez, de la libertad de un ciudadano, tomado aisladamente el caso; la cuestión es gravísima y fundamental, porque el derecho herido de esta manera y con las consecuencias que fluyen, en uno de los miembros de la sociedad política y civil, afecta y conmueve vitalmente a la sociedad entera, y porque, finalmente y en una palabra, nuestro sistema de Gobierno desaparece completamente con este desgarramiento, sin precedentes, de nuestra Constitución.
Pero V. S., representante del Poder Judicial en este caso, tiene no solamente el derecho, sino el deber de defender y mantener incólumes las facultades propias, exclusivas y soberanas que la Constitución le acuerda. Yo no dependo ahora en nada y para nada del Poder Ejecutivo, y él mismo lo reconoce desde el momento en que fui colocado bajo la jurisdicción y el juicio de V. S. que es el representante, como he dicho, del Poder Judicial en este caso. No es posible, pues, que V. S. tolere tan atentatorio y vejatorio procedimiento; y yo cuya actitud ha demostrado al país entero que afronto decididamente la responsabilidad de mis actos, promuevo este incidente, no por el deseo de liberarme de la molestia de esta prisión, honrosa para todo "ciudadano honesto y amante de su patria, sino conducido por aquellos móviles y en vista de las funestas consecuencias que entrañan estos procederes sin calificación. Ruego, pues, y así vengo a pedir a V. S. que, invocando sus facultades exclusivas y las leyes fundamentales del país, se dirija inmediatamente al Ministro del Interior a fin de que deje sin efecto sus órdenes coercitivas e invasoras de las atribuciones del Poder Judicial ; ó si V. S. lo prefiere, y tal vez sería más eficaz, se dirija a la Suprema Corte de Justicia, el más alto Tribunal de nuestra Constitución, y cuyos fallos, en definitiva, son ahora los desacatados, para que promueva las gestiones procedentes en guarda de su propia existencia seriamente amenazada en estos momentos.
Tampoco es posible, señor Juez, detenerse, admitiendo la superchería y la burla sangrienta que el Ministro del Interior quiere hacer al Poder Judicial llevando al prisionero hasta la puerta del calabozo, con la sonrisa irónica en los labios, para decirle en seguida que hasta ahí no más llegan las órdenes de aquel poder independiente y soberano en sus decisiones.
Y todavía, señor Juez, en mi caso hay que tener presente otra consideración fundamental, yo soy un Senador de la Nación, cuyo diploma está puro y limpio como ninguno, y una vez que el Tribunal de Justicia ordena libertad por el único hecho en que ha podido intervenir él únicamente, no hay poder en la tierra argentina que pueda coartar mi libertad en estos momentos, y por esas consideraciones, sin violar de la manera más irritante nuestro estatuto político; y es precisamente la Suprema Corte de Justicia que debe declararlo enérgica y terminantemente para conservar la alta autoridad de que está investida.
Es tan clara y tan sencilla esta cuestión, que hasta impertinente sería abundar en consideraciones legales, por lo que reitero, sin más a V. S. mi pedido, a fin de que resuelva las medidas conducentes indicadas para que sea acatada la autoridad judicial y sus órdenes cumplidas. Será justicia.
L. N. Alem.

AUTO DEL JUEZ FEDERAL
Rosario, 18 de Noviembre de 1893.
Vistos:
Al Fiscal e informe el señor Jefe Político sobre la exactitud de las aseveraciones que se consignan en el precedente escrito de haber manifestado al recurrente "que no es posible cumplir la órden dictada por este Tribunal" y referente a la excarcelación decretada. Repóngase.
Escalera
VISTA FISCAL
Señor Juez Federal:
Los informes que preceden, de los señores Jefe Político y de Policía, atestiguan que se ha dado cumplimiento al decreto del Juzgado, notificando al señor Doctor Alem la orden de soltura provisional expedida por V. S. con fecha 18 del corriente.
De los mismos informes resulta, empero, que al hacérsele conocer aquella resolución, se le hizo saber a la vez, que obedeciendo a órdenes superiores quedaba detenido por la Policía.
Según lo que queda, expuesto no ha habido pues, derecho, aunque por la forma que se practicó la notificación de soltura y la intimación de un nuevo arresto, con arreglo a las órdenes ya enunciadas puede aparecer, aquello como un acto de resistencia.
No cabe por lo tanto conflicto ni discusión alguna sobre esto.
El acto practicado por la Policía ha sido correcto, puesto que, ha dado cumplimiento a la orden del Juzgado reservándose, empero, sin perjuicio de ésto, de cumplir otras disposiciones, resultantes del estado de sitio, provenientes del Gobierno General.
Con arreglo a este juicio, que no mediando defecto en el proceder de la Policía, la cual, como consta de sus notas, acepta con el mayor respeto las decisiones del Juzgado, V. S. no debe hacer lugar a lo solicitado por el Doctor Alem, dejando a este señor en libertad de ocurrir donde y en la forma que corresponda, contra la medida administrativa que le impone un nuevo arresto, salvo el mejor juicio de V. S.
Desiderio Rosas

AUTO DEL JUEZ FEDERAL
Rosario, 22 de Noviembre de 1893.
Autos y vistos:
El incidente formulado por el Doctor Leandro N. Alem sobre obstrucción a su libertad bajo fianza, del que resuIta :
1°.- Que habiendo el recurrente, encausado por rebelión, solicitado excarcelación bajo fianza, ésta le ha sido acordada por el Juzgado con fecha 18 del actual.
2°.- Que a mérito de ella el Tribunal libró la órden correspondiente a la Jefatura Política para que pusiera en libertad al solicitante.
3°.- Que pocos momentos después de entregar la dicha órden al funcionario a quien iba dirijida, el recurrente se presentó al Juzgado con el escrito de foja 20, manifestando que el señor Jefe Político le impedía su libertad, desacatando la órden impartida y haciéndolo continuar en prision.
4°.- Que pedido el informe de regla a aquel funcionario y a objeto de que éste se manifestara sobre la exactitud de la denuncia hecha, el Jefe Político la evacua rectificando la aseveración formulada, y expresando que al hacerse al Doctor Alem la notificación correspondiente se le había hecho presente "que por órden del señor Juez Federal quedaba en libertad ".
Y considerando:
1°.- Que como se manifiesta en el informe de la referencia y nota de foja 25 hay error de información en el escrito de foja 20, no existiendo desobediencia a las órdenes impartidas sobre la libertad del solicitante, a quien por el contrario se le ha manifestado de manera clara y esplícita "se encontraba en libertad por órden del infranscripto", quedando así incólume y sin obstrucción la orden judicial de libertad librada por el Tribunal en su favor.
2°.- Que aunque es verdad que a lo anterior se ha agregado de parte de la Jefatura que debía el recurrente continuar preso por orden del Poder Ejecutivo y en uso de las facultades que a éste acuerda el estado de sitio, esto no importa una desobediencia a la libertad decretada, puesto que de manera esplícita, como se ha dicho, se notificó al recurrente ya no era retenido por parte del Juzgado Federal, viniendo así la continuación de su arresto a constituir una nueva y distinta prisión, ajena ya a la acción del Tribunal, desde el momento en que la sentencia de éste, como toda otra judicial, no tiene más radio de acción que el circunscrito al caso que la motiva, sin trascendencia a otro distinto, pero ni siquiera análogo, y menos podría entonces invadir, con una extensión ilegal otras facultades constitucionales del resorte de los otros poderes del Estado.
3°.- Que una de las facultades pecuIiares del Poder Ejecutivo en el estado de sitio y que no se discute por su evidencia, es la de poder "arrestar a las personas ó trasladarlas de un punto a otro de la Nación, si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino" (artículo 23 de la Constitución Nacional; página 327 y siguientes, Tiffany, Gobierno y Derecho Constitucional, página 306, párrafo 457).
4°.- Que en la remarcable similitud que existe entre nuestro sistema constitucional y el de los Estados Unidos, la jurisprudencia de éste es de perfecta aplicabilidad al caso.
5°.- Que aquella tiene sentado que la suspensión del auto de habeas corpus, es un permiso expreso y un mandato del Congreso al Ejecutivo, para arrestar y encarcelar todas las personas de cuya intención ó conducta tenga razones para creer ó sospechar a la sazón, con relación a la rebelión ó la invasión, que sea ó pueda ser peligrosa para el bien común" (M. C. Coll v. Dr. C. Dowell Dedy, 238; S. C., 1, Abb, C. 212); como también que "la suspensión del privilegio del auto, de habeas hábeas siendo la autorización virtual de arrestar sin causa lega ú órden de Juez competente, se deduce que tales arrestos durante la suspensión y cuando está hecha en obediencia á la órden, ó autoridad del empleado a quien se ha investido con ese poder, son prácticamente legales, y las personas que las hacen no son responsables a la acción de daños y perjuicios por el hecho. (Idem, idem; Calvo, Decisiones Constitucionales, tomo 10, página 215, párrafos 728 y 729).
6°.- Que no es una razón que destruya la doctrina que se sostiene, el hecho de estar encausado y sometido a este Tribunal el solicitante: 1 ° porque tal excepción no la formula la ley ni la jurisprudencia que se dejan invocadas, y, por el contrario, esta última hace extensivo el poder del Ejecutivo "para arrestar y encarcelar a todas las personas sobre cuya intención ó conducta, dude ó sospeche, y es una regla de jurisprudencia de que donde la ley no distingue no debe distinguirse; y 2° porque si se estableciera en favor de los encausados una limitación a la facultad constitucional indicada, que se fundase en el solo hecho de la existencia de una causa criminal abierta contra el excepcionado, sería dar a los encausados un privilegio sobre los demás ciudadanos y habitantes del estado, quienes podrían ser encarcelados por meras sospechas ó simples presunciones; procedimiento éste que a más de ser injusto y odioso, sería a todas luces ilógico é inaceptable, llevándonos al extremo de que se encontraban más favorecidos los reos convictos y confesos que las personas inculpables, meramente sospechosas.
7°.- Que en nuestro sistema constitucional existe como base fundamental la independencia y la autonomía de los tres poderes que constituyen el Gobierno Representativo Federal, procediendo cada uno de ellos en la esfera que le corresponde con libertad amplia y completa, no siendo por tanto, permitido a ninguno de aquellos, coartar la acción que es propia y privativa del otro, y una coacción al ejercicio de las facultades del Poder Ejecutivo en el estado de sitio en que se encuentra esta sección, sería, sin duda, la oposición que se formulase por el Poder Judicial a la detención del recurrente, ordenada por el Poder Ejecutivo, autorizado para ello por el artículo 23 de la Constitución Nacional.
8°.- Que esta independencia de la acción de los poderes públicos en el sistema federal que nos rige, es tan amplia como lo es, a su vez y en su caso, la que existe entre el Gobierno General y los de los Estados particulares, siendo por lo tanto aplicable, por su analogía al caso, la jurisprudencia norte-americana establecida con relación al auto de habeas corpus dictado por el Estado General en contraposición a un Estado confederado.
En el caso que se registra bajo el número 2522 de la Obra del señor Calvo, antes indicada, los Tribunales Norte-americanos tienen resuelto que "ningún Juez de Estado, después de estar judicialmente informado que el preso está bajo la autoridad de los Estados Unidos, tiene derecho alguno para intervenir con él ni para mandar que sea traído a sus estrados; que ningún procedimiento judicial, cualquiera que sea la forma que asuma, puede tener autoridad legal alguna, fuera de los límites de la jurisdicción del Tribunal ó del Juez que lo adopta".
De igual manera en el caso que se registra bajo el número 2521 , se estableció que: "despues que se ha informado sobre el auto de habeas corpus, y el Juez Federal ó Tribunal de Estado saben judicialmente que la parte está en custodia bajo la autoridad de los Estados Unidos, ya no puede seguir adelante. Ellos, entónces, dice, saben que el preso está bajo el dominio y jurisdicción de otro Gobierno, y que ni el auto de habeas corpus, ni ningún otro procedimiento tomado bajo autoridad del Estado, puede pesar sobre la línea de división que separa las dos soberanías "(Ableman v. Booth, 21, How., 506, S. C. 3; Bis 1; obra citada, tomo 2º, párrafos 268 y 269).
9°.- Que no obstante la nueva prisión decretada por el Poder Ejecutivo en contra del encausado, la causa se prosigue por el representante legal de la acción pública, el Ministro Fiscal, lo que demuestra no haber sido la mente ni la intención del Poder Ejecutivo al ordenar aquella, paralizar la secuela del proceso.
10º.- Que siendo ello así, la nueva prisión que se estudia, no pone al encausado fuera de la acción inmediata y jurisdiccional asumida legalmente por el Juez que lo juzga, única circunstancia que podría oponerse al acto del Poder Ejecutivo en razón de venir a obstacularizar el ejercicio de esa jurisdicción excluyente y privativa del Poder Judicial.
11º.- Que no existiendo entónces ante la ley ni la jurisprudencia razón legal alguna que haga inadmisible ó contrario a derecho el procedimiento empleado en el caso por el Poder Ejecutivo, teniendo en prisión al Doctor Leandro N. Alem, y ese acto como privativo de las facultades de aquél, emanadas del estado de sitio en vigencia, escapa a la acción judicial del proveyente, no teniendo, por tanto, que oponer a ello legalmente el Tribunal.
12º.- Que la calidad de Senador Nacional que acompaña a la persona del Doctor Leandro N. Alem y que éste invoca en su escrito de foja 20, no modifica la doctrina que en el presente fallo se sustenta, pues si bien es cierto que el desempeño de aquel alto puesto público, rodea a quien lo ejerce de ciertas garantías excepcionales, entre las cuales se cuenta la de no poder ser preso sinó tomado infraganti delito (artículo 61 de la Constitución Nacional), también lo es que el honorable Congreso de la Nación en nota fecha 26 de Septiembre próximo pasado, tiene concedido al Poder Ejecutivo, autorización especial para retener al recurrente, desapareciendo de este modo todo y cualquier obstáculo, que pudiera oponerse a la prisión realizada.
Por éstos fundamentos y oído el Ministro Fiscal, no se hace lugar a lo solicitado en el escrito de foja 20, y se declara incompetente este Tribunal para reveer la nueva órden de prisión dictada por el Poder Ejecutivo de la Nación en contra del Doctor Don Leandro N. Alem, y en uso de las facultades, que a aquel confiere el actual estado de sitio, dejando a salvo los derechos del solicitante para ocurrir a quien corresponda, como se pide por el señor Procurador Fiscal. Notifíquese con el original y repónganse los sellos.
G. Escalera y Zuviria.




























Fuente: Fallo Alem, CS (1893) Excarcelación bajo fianza é inmunidad de los miembros del Congreso. Corte Suprema de Justicia de la Nación, 15 de diciembre de 1893. Con el Dictamen del Procurador General y los fallos de las cortes inferiores. FALLO DE LA CORTE SUPREMA, Buenos Aires, 15 de diciembre de 1893.
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